Alexis Rodríguez Ramos

Punto de vista

Por Alexis Rodríguez Ramos
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Las víctimas de delito merecen ser escuchadas

Ofrezco esta opinión desde una perspectiva interdisciplinaria: como psicólogo, como abogado y como exdirector del Centro de Ayuda a Víctimas de la Alianza para la Paz Social (ALAPÁS). Me preocupa la celeridad con que la legislatura se ha movido para aprobar un proyecto que tiene un gran impacto en la vida de miles de personas. Me refiero al P del S 1590, que busca darle retroactividad a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Ramos v. Louisiana. 

Comprendo el fundamento legal en el que se basa la opinión de las personas que depondrán en las vistas públicas del próximo martes 26 de mayo de 2020. Todos estamos en contra de las injusticias que se pueden, y se han producido, contra personas inocentes por parte del sistema de justicia criminal. Pero dos males no hacen un bien, y aprobar una legislación que afecta a más de un sector de la población producirá más injusticias que las que pretende corregir o evitar. 

Como director del Centro de Ayuda a Víctimas aprendí que el impacto psicológico y emocional que sufre una víctima de delito requiere de un largo proceso de sanación. Un proceso que puede durar años. Un proceso que incluye sanar, no solo del acto que provoca el trauma, sino también del proceso judicial que tiende a revictimizar a las víctimas de delito. Culminar el proceso judicial les permite a las víctimas comenzar con su proceso de sanación y poder continuar con sus vidas. 

Ahora la legislatura pretende, con el único fin evidente de conseguir votos para la próxima elección, que las víctimas vuelvan a revivir sus traumas en un nuevo juicio que busca cumplir con el recién impuesto requisito de unanimidad en los juicios por jurado. ¿Se encargará el gobierno de brindar ayuda a las víctimas que tengan que revivir sus traumas y pasar por el impacto de otro proceso judicial? De todas las personas a las que se les ha concedido turno para la vista pública del martes 26 de mayo, todas están formadas en Derecho, y su perspectiva será una exclusivamente legal. En ninguna de mis clases de Derecho se me enseñó nada sobre el impacto emocional y psicológico que reciben las personas al ser víctimas de delito, cuáles son los derechos que les cobijan en el proceso judicial ni cuáles son las consecuencias psicológicas y emocionales que se producen como secuela de participar en el proceso judicial. 

Si la legislatura realmente está buscando crear una ley que promueva la justicia no puede hacerlo escuchando solo una perspectiva. El beneficio de esta retroactividad no puede ser a costa de la salud psicológica y emocional de las víctimas. Estas también merecen ser escuchadas.   


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