Hiram Sánchez Martínez

Punto de vista

Por Hiram Sánchez Martínez
💬 0

Las víctimas también tienen derechos

Esta semana conmemoramos los 32 años de promulgada la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito, respuesta legislativa al olvido en que se tuvo a las personas que llevan la peor parte de la actividad criminal en Puerto Rico. Por años, se había estado hablando nada más que de la Carta de Derechos de nuestra Constitución que, en materia de derecho penal, solo contiene un catálogo de los derechos que el Estado debe garantizarle a los acusados —o aun sospechosos— de haber cometido un delito.

Desde que era estudiante de derecho, comencé a plantearme por qué la insistencia de mis profesores de solo mencionar los derechos de los acusados y nunca los de las víctimas. Era como si estas fuesen invisibles al proceso penal. A medida que mis estudios progresaban, me parecía más evidente que a las víctimas se les relegaba a un segundo plano y que incluso los testigos no eran tomados en cuenta, salvo para que los estudiantes aprendiéramos cómo interrogarlos, sobre cuáles asuntos podían declarar y de qué modo, y qué preguntas estaba permitido hacerles y cuáles no, de acuerdo con las Reglas de Evidencia. En fin, los cursos estaban orientados a los derechos de los acusados, no a los de las personas que acudían al tribunal como testigos.

Desde esa época ya escuchaba hablar del problema de las demoras de los procesos penales en los tribunales y cuán beneficioso resultaba ser para muchos acusados que las distintas etapas anteriores al juicio se retrasaran. Esto les brindaba la oportunidad de obtener con alguna frecuencia la desestimación de las denuncias o acusaciones en su contra porque el proceso se había excedido del número de días dispuesto por ley para celebrar la vista preliminar o el juicio, según fuera el caso. En otras ocasiones, las suspensiones y demoras propiciaban que los fiscales solicitaran el archivo de los casos por falta de interés de las víctimas que se hastiaban de ir, una y otra vez, a perder el tiempo al tribunal. Y cuando al cabo de tanta suspensión el juicio finalmente se celebraba, el acusado obtenía cierta ventaja debido a que la memoria de los testigos se volvía menos precisa a la hora de describir los detalles de todo aquello de lo que había sido testigo, algo muy conveniente a la parte que impugnaba su credibilidad. A esto se añadía otro problema del que supe de abogado y juez: el riesgo real de amenazas a la integridad física y la vida de las víctimas (la directa y sus seres queridos) y de los testigos.

Este “olvido” comenzó a atenderse en 1986 con la creación del programa de protección y asistencia de víctimas, testigos y testigos potenciales, adscrito al Negociado de Investigaciones Especiales, y que dio pie, entre otras cosas, al conocido Albergue de Testigos. Dos años después (1988), con la ley que estableció la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito se hizo obligatorio que jueces, fiscales y policías le reconocieran a las víctimas y testigos en todo proceso penal el derecho a ser tenidos encuentra, a ser informados en todo momento de las incidencias del proceso —incluyendo los términos de cualquier alegación de culpabilidad negociada—, a ser informados del estatus de confinamiento del acusado condenado a prisión (si se fugaba o se le consideraba para libertad bajo palabra), a ser compensado monetariamente por los daños derivados del crimen y recibir asistencia médica, sicológica o social, a que se mantenga la confidencialidad de su información personal, a obtener servicios del programa para la protección y asistencia de víctimas y testigos, y a que se le devuelvan prontamente los bienes de su propiedad ocupados para la investigación del caso. También se describen otros derechos que no cabe mencionar aquí. Ninguno de estos es incompatible con los de los acusados.

Nos falta mucho por recorrer, sobre todo, para que los derechos legislados sean plenamente reconocidos y puestos en vigor. A veces pareciera, lamentablemente, que aún andamos muy alejados de la letra de la ley.

Otras columnas de Hiram Sánchez Martínez

martes, 26 de mayo de 2020

Retroactividad a la carrera: los veredictos unánimes

Querer hacer retroactivo un derecho que no existía hasta hace unos días y que los tribunales no han resuelto que deba ser retroactivo, es realmente hacer una apuesta en una ruleta en que no existen números ganadores, escribe Hiram Sánchez Martínez

lunes, 18 de mayo de 2020

Antonia Martínez: justicia tardía que es justicia

Al fin comienza a tratarse con neutralidad y desapasionadamente la figura de Antonia Martínez Lagares; al fin comienza a valorarse lo que esta representa para la vida universitaria, los universitarios y para el país, escribe Hiram Sánchez

sábado, 9 de mayo de 2020

De Supremo a Supremo

Todos sabemos por experiencia lo difícil que es lograr un consenso cuando del criterio de seres humanos en asuntos complejos se trata. Me siento más cómodo con el sentir de los puertorriqueños que con el de los nobles ingleses de hace varios siglos, escribe Hiram Sánchez Martínez

💬Ver 0 comentarios