Marcia Rivera

Tribuna Invitada

Por Marcia Rivera
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Las virtudes y las trampas de la memoria

La población de Puerto Rico, se ha dicho más de una vez, suele ser de memoria corta. Tal vez porque nos acostumbraron a la falaz idea de que el progreso implica cambio veloz y continuo se piensa que es posible prescindir de la memoria. Pero el reciente torbellino de protestas ante los desmanes del poder político fue generado por la memoria recuperada en sectores muy amplios del país. 

Memoria de la corrupción que ha campeado en la clase política y algunos sectores empresariales; memoria del impacto de las políticas que a lo largo del tiempo han generado sufrimiento a la clase trabajadora; memoria de la victimización de la pobreza y la criminalización de la protesta; memoria de la indiferencia de sucesivas administraciones gubernamentales ante la violencia de género; memoria de lo que significa el colonialismo en la vida cotidiana y en nuestras opciones de futuro; memoria de cómo nos engañaron los gobernantes tomando préstamos ilegales e inmorales; y memoria del pésimo manejo de la crisis generada por los huracanes Irma y María en 2017. La memoria, revalorada, permitió que un pueblo diverso, creativo y decidido lograra la salida del gobernador. 

Los reclamos fueron contundentes y conmovedores; pero la partidocracia que nos domina demuestra no haber comprendido su alcance y significado. Seguramente, porque es, o busca parecer, desmemoriada y cae en su propia trampa. 

En los pasados días, Puerto Rico ha estado en vilo ante la violación de nuestra Constitución, que establece un mecanismo preciso para la sucesión en la gobernación. Aduciendo una situación de excepción, se buscó un remedio de excepción que equivale a un golpe de estado realizado con guantes finos.  Cualquiera de las definiciones de golpe de estado describe lo sucedido en Puerto Rico: “la toma del poder político de un modo repentino por parte de un grupo de poder, vulnerando las normas legales de sucesión en el poder vigente”; “sustitución de las autoridades existentes y cambio de mando de las instituciones estatales por imposición”; “violación y falta de reconocimiento hacia la legitimidad constitucional”. 

La cuestión no es trivial.  En los pasados días se ha desplegado un inmenso montaje en medios, dirigido a que la opinión pública endose a Pierluisi.  Se aduce que se ha perdido tiempo, que los problemas a atender son graves y que la inestabilidad le cuesta mucho al país. Todo ello es cierto, pero no podemos hacernos de la vista larga, como antes hicimos con la corrupción. Hemos recuperado la memoria; no dejaremos pasar por alto este proceso tramposo para llegar al poder. 

La memoria nos recuerda desde hace años quien gana una elección se atribuye el derecho de nominar jueces sin consulta o evaluación ciudadana. Ello suele ir dejando camadas de lealtades políticas en la judicatura, que pueden incidir en la independencia de criterio que debe tener un magistrado.  En esta coyuntura, donde el Tribunal Supremo decidirá en breves horas la suerte de Puerto Rico y la de Pedro Pierluisi, cabe preguntarse si habrá la independencia de criterio necesaria para hacer una evaluación justa o si el Tribunal será preso de las trampas de la memoria.

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