Juan Lara

Tribuna Invitada

Por Juan Lara
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La terrible aritmética de PROMESA

Como se esperaba, la Junta de Supervisión Fiscal rechazó el plan de ajuste de cinco años que sometió en octubre la administración saliente.  Pero el rechazo vino con una advertencia terrible para la administración que entra en enero: que la isla no debe contar con fondos federales para mejorar el caos fiscal. Si tomamos esta advertencia literalmente, quedamos ante un escenario de austeridad brutal o de incumplimiento masivo con los bonistas, o una combinación de ambas cosas.

La aritmética de la crisis fiscal no deja otra salida. Veamos de manera resumida los números del plan de ajuste de cinco años que se le presentó a la Junta en octubre. En un período de diez años—desde ahora hasta el año fiscal 2026—el gobierno tendría una brecha financiera acumulada de $58,716 millones. Ese es el hueco fiscal que hay que rellenar.  Lo que propone el plan es que el gobierno local aporte $10,094 millones mediante medidas de austeridad y reformas, que el gobierno federal contribuya $16,141 millones (sobre todo, en salud) y que la recuperación de la economía rinda otros $17,086 millones. Eso deja un balance de $15,395 millones, lo cual, presuntamente, tendrían que aportar los bonistas mediante recortes en el servicio de la deuda.

Es de notar que el faltante descubierto que queda para los bonistas equivale a 45% del servicio total de la deuda en el período de 10 años. Es decir, el plan de la administración saliente ya le pide un sacrificio fuerte a nuestros acreedores. Si los $16,141 millones del gobierno federal no se materializan, entonces habría que más que duplicar el esfuerzo de austeridad del gobierno local para mantener el mismo nivel de incumplimiento de la deuda ya previsto. En realidad, sería peor que eso, ya que de no darse la aportación federal, y compensarse con más austeridad, no se darían tampoco los $17,086 millones que se anticipan por la mejoría de la economía; simplemente porque la economía no levantaría cabeza.

Nótese, además, que si se le quisiera pasar a los bonitas la factura por los $16,141 millones que dejarían de aportar los federales, sería lo mismo que pedirles que borren prácticamente la totalidad del servicio de la deuda. Previsto en el plan (sería un “perdonazo” de 92%, en lugar de 45%).

No hay duda de que nuestro gobierno tendrá que aportar una cuota mayor de austeridad (de hecho, sería el menos que aportaría en el plan rechazado por la Junta), pero tampoco hay duda de que se necesita ayuda federal. También es obvio que Puerto Rico merece un trato más justo en los programas federales de salud.  La administración del Dr. Rosselló debe insistirle a la Junta que tiene que ser proactiva en la gestión de ayuda económica para la isla, y no limitarse a repetir las noticias negativas que escuchen en Washington.

Pero la responsabilidad mayor la tiene el gobierno recién electo por los puertorriqueños. Es tarea impostergable preparar un plan fiscal que no esquive la responsabilidad quetiene nuestro pueblo de asumir el costo de sus errores, pero sin excusar al Congreso y la Casa Blanca de asumir el costo de los suyos. Y, por supuesto, el nuevo gobierno debe abandonar sin más la retórica de campaña de que se les puede pagar a los bonistas sin mucho sacrificio. El sacrificio es inevitable, y debe ser compartido.

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