Héctor Luis Acevedo

Punto de Vista

Por Héctor Luis Acevedo
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La tormenta perfecta que llevó a la crisis

Trasfondo y reflexión:

Puerto Rico usó su buen gobierno propio como carta de presentación para requerir y obtener mayores poderes para nuestro pueblo. Desde 1993 al presente, el sistema político de gobierno propio ejemplar que guió al país cedió a tres factores: 1. el fundamentalismo ideológico que antepuso sus estrategias de status al bienestar del pueblo, 2. la negación de los gobiernos a enfrentar las difíciles decisiones financieras posponiendo y ocultando las mismas en préstamos pagaderos por administraciones futuras y 3. el individualismo unido a la dictadura del presente sobre el futuro.

La alternancia política fue el factor precipitante que fomentaba lealtades temporeras sobre las permanentes. Los cambios frecuentes no abonan a la estabilidad política y económica en medio de una crisis. Es significativo que desde el año 1996 ningún gobernador ha cumplido más de un término.

En ese año el gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Rosselló y el comisionado residente,  Hon. Carlos Romero Barceló solicitaron del Congreso de Estados Unidos la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal.

Ese programa había promovido el establecimiento de cientos de fábricas y cerca de 100,000 empleos en Puerto Rico así como una abundancia de recursos financieros en nuestra banca. Esa disposición no era compatible con su ideal de estadidad, pues rompía con la cláusula de uniformidad tributaria de la Constitución de EUA para los estados.

En 1996, el Congreso eliminó  la sección 936 sin sustituirla por ningún otro incentivo. Esto, junto a otras medidas que incrementaron recurrentemente el gasto público, son los vientos que formaron esta tormenta. O sea, se usaron fondos y préstamos no recurrentes para pagar gastos recurrentes. Ello cubre los términos de los gobernadores Rosselló, Calderón, Acevedo Vilá y Fortuño.

La economía dejó de crecer al igual que los ingresos, mientras los gastos saludaban desde lejos los recursos y de cerca a las elecciones.

Se perdieron decenas de miles de empleos, y comenzó una migración de más de 400,000 puertorriqueños, en particular jóvenes buscando trabajo lo que ha disminuido gravemente el talento humano y la base contributiva del país. Se endeudó al gobierno progresivamente como si los préstamos no se fueran a pagar. Por ejemplo, a fines de la gobernación del Hon. Luis Fortuño la Autoridad de Carreteras tomó $2 billones de préstamos al Banco Gubernamental de Fomento sin fuente alguna de repago. Esa deuda precipitó la quiebra del Banco que era orgullo de Puerto Rico.

La deuda pública superó los $70 mil millones, los sistemas de retiro de los empleados del gobierno, de los maestros y la judicatura quedarán sin recursos con qué pagar sus remesas a los jubilados en cuestión de muy pocos años. El pago de la deuda se pospuso irresponsablemente al refinanciarse su pago con nuevos préstamos. O sea, yo gasto y elque venga detrás que pague.

En el año 2013 el pago de la deuda (debt service) era de $527 millones y en 2016 subía a $1,201 mil millones, o sea más del doble. En medio de una recesión económica en que con un  presupuesto cada vez menor  no es posible pagar esa cantidad de dinero sin cortar los servicios básicos al pueblo. Durante el cuatrienio de 2013 a 2016 los poderes legislativo y ejecutivo no pudieron completar con efectividad una agenda de medidas para evitar la quiebra del Banco Gubernamental de Fomento y para restructurar el sistema tributario del país. Esto a pesar de pertenecer al mismo partido político el liderato de ambas ramas de gobierno. Las dificultades del trabajo en grupo prevalecieron al momento de la verdad.

Es importante saber que la Constitución del Estado libre Asociado de Puerto Rico dispone taxativamente en su Artículo VI lo siguiente:

“Cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer término, al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por ley.”

Esta disposición constitucional está en conflicto con el impago de las deudas, con las moratorias y los presupuestos que no contemplan la prioridad relacionada. O sea, el pago de la nómina no es la prioridad constitucional. A menos que exista algún esquema diferente para posponer el pago de la deuda como lo es la Ley de Quiebras o de restructuración, las controversias judiciales haciendo cumplir el orden constitucional van a abundar. Y pueden tener algún grado de éxito aunque no creo vayan a detener todos los servicios esenciales. En adición, fue con esa garantía que obtuvimos buenas condiciones para nuestros préstamos por lo que no cumplirla diluye la credibilidad de Puerto Rico para su crédito presente y futuro.

El 1 de julio de 2016, a Puerto Rico le toca hacer unos pagos billonarios de su deuda para lo cual no existen los recursos salvo dejar de cubrir los servicios básicos de salud, educación, seguridad y otros. Para complicar el asunto, en 1984 bajo la gobernación del gobernador Romero Barceló el Congreso sacó a Puerto Rico de disposiciones de la Ley de Quiebras federal lo que no le permite al gobierno restructurar sus deudas como lo hacen los individuos, corporaciones y los  cincuenta estados de la nación americana. La Constitución de Estados Unidos específicamente le da la jurisdicción sobre las quiebras al Congreso (Artículo I, sec. 8 cl.4). Ningún estado la tiene razón por la cual Puerto Rico quedó en un estado de indefensión ante una crisis que no se quiso  ver venir aunque se provocó con nuestras acciones.

El comisionado residente Hon. Pedro Pierluissi, con el apoyo del gobernador Hon. Alejandro García Padilla, quienes pertenecen a  partidos diferentes, radicó un proyecto para volver a incluir a Puerto Rico en las disposiciones de restructuración de deuda de la Ley de Quiebras federal.  Los inversionistas de bonos se opusieron tenazmente, pues significaba minar las bases de las garantías con que prestaron el dinero y podía reducir significativamente el cobro de las mismas.

El Congreso no estaba dispuesto a dar el poder de la restructuración de las deudas mediante la Ley de Quiebras sin mermar la capacidad del gobierno de Puerto Rico de volver a endeudarse sin mirar los recursos para pagarlos. Esa es la génesis de la Junta de Control Fiscal (H. R. 5278) aprobada por la Cámara de Representantes federal el 9 de junio de 2016 con  297 votos a favor y 127 en contra. El mismo proyecto con número S. 2328 fue aprobado por el Senado de Estados Unidos el 29 de junio de 2016 por votación de 68 a favor 30 en contra. El presidente Obama lo firmó convirtiéndolo en ley.

Ante esa disyuntiva trágica tanto el gobernador García Padilla como el comisionado residente Pierluissi  con renuencia, apoyaron el proyecto H.R. 5278 pagando el precio de gobierno propio “por no sumir al pueblo en la miseria”. Un impago de la deuda va a tener consecuencias de múltiples pleitos y un desmoronamiento mayor de la economía, pues el valor de los bonos se va a empeorar siendo una buena parte de los acreedores puertorriqueños. En adición, se le han cerrado los mercados de financiamiento a la isla requisito vital para reavivar la economía que es lo indispensable para el presente y el futuro.

El 13 de enero de 2016 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos escuchó los argumentos en el caso de Sánchez Valle. En el mismo se discutía una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico donde se determinaba que los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico eran uno solo para fines de la cláusula que prohíbe que a una persona se los acuse dos veces por el mismo delito (“double jeopardy”). Esto revocaba las decisiones anteriores que sostenían que ambos gobiernos eran soberanos distintos y por tanto podían acusar separadamente. El gobierno de Estados Unidos bajo la administración del presidente Barack Obama revocó la opinión de décadas apoyando esa nueva interpretación.

Un día para la historia.

Así las cosas, llega el jueves 9 de junio de 2016.

I. El Tribunal Supremo decidió en caso de Sánchez Valle seis votos a favor y  dos en contra al sostener que para fines de procesar criminalmente no puede acusarse a una misma persona por los mismos hechos por los gobiernos de EUA y Puerto Rico. Esta prohibición no aplica a los estados y al gobierno federal por proceder ambos gobiernos de soberanías separadas. Ello es así porque “la fuente original o última” en que se otorgaron los poderes de acusar es la misma, el Congreso de Estados Unidos. O sea, sostienen los jueces, que el análisis, no es uno de soberanía doble sino de historia, de la fuente original del poder de acusar.

En la opinión mayoritaria de la juez Kagan se hacen unos pronunciamientos muy importantes reconociendo el desarrollo constitucional de Puerto Rico destacando la Ley 600, la Convención Constituyente de 1951-1952, la Ley 447 aprobando la misma y la soberanía del pueblo de Puerto Rico sobre su gobierno. Afirma el poder del Congreso  para acordar esquemas donde renuncie a poderes sobre Puerto Rico y las amplias posibilidades de futuro. En este particular los ocho jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos están de acuerdo:

“Those constitutional developments were of great significance—and, indeed, made Puerto Rico “sovereign” in one commonly understood sense of that term. As this Court has recognized, Congress in 1952 “relinquished its control over [the Commonwealth’s] local affairs[,] grant[ing] Puerto Rico a measure of autonomy comparable to that possessed by the States.” Examining Bd. of Engineers, Architects and Surveyors , 426 U. S. 572, 597 (1976);…(“[T]he purpose of Congress in the 1950 and 1952 legislation was to accord to Puerto Rico the degree of autonomy and independence normally associated with States of the Union”); Rodriguez Popular Democratic Party, 457 U. S. 1, 8 (1982) (“Puerto Rico, like a state, is an autonomous political entity, sovereign over matters not ruled by the [Federal] Constitution” (internal quotation marks omitted)). That newfound authority, including over local criminal laws, brought mutual benefit to the Puerto Rican people and the entire United States.. And if our double jeopardy decisions hinged on measuring an entity’s self-governance, the emergence of the Commonwealth would have resulted as well in the capacity to bring the kind of successive prosecutions attempted here.”

Sin embargo, en el contexto de lo sucedido ese día, estos aspectos de la opinión se ahogaron en el estruendo de los resultados y el contexto de los otros sucesos. 

Amplía el Tribunal por voz de la Juez Kagan expresando:

“All that separates our view from petitioners is what that congressional recognition means for Puerto Rico’s ability to bring successive prosecutions. We agree that Congress has broad latitude to develop innovative approaches to territorial governance, see U. S. Const., Art. IV, §3, cl. 2; that Congress may thus enable a territory’s people to make large-scale choices about their own political institutions; and that Congress did exactly that in enacting Public Law 600 and approving the Puerto Rico Constitution—prime examples of what Felix Frankfurter once termed ‘inventive statesmanship’ respecting the island. Memorandum for the Secretary of War, in Hearings on S. 4604 before the Senate Committee on Pacific Islands and Porto Rico, 63d Cong., 2d Sess., 22 (1914); see Reply Brief 18–20. But one power Congress does not have, just in the nature of things: It has no capacity, no magic wand or airbrush, to erase or otherwise rewrite its own foundational role in conferring political authority. Or otherwise said, the delegator cannot make itself any less so—no matter how much authority it opts to hand over. And our dual-sovereignty test makes this historical fact dispositive: If an entity’s authority to enact and enforce criminal law ultimately comes from Congress, then it cannot follow a federal prosecution with its own. That is true of Puerto Rico, because Congress authorized and approved its Constitution, from which prosecutorial power now flows. So the Double Jeopardy Clause bars both Puerto Rico and the United States from prosecuting a single person for the same conduct under equivalent criminal laws.”

A fin de que el lector pueda llegar a sus propias conclusiones reproducimos en las notas al pie de la página partes significativas del texto de la opinión. En la primera parte el Tribunal explica la diferencia entre el término soberanía y el concepto fuente original. En el federalismo americano los estados y el gobierno federal ambos tienen soberanía en las áreas de jurisdicción reservadas para cada uno de sus su gobiernos.

Más adelante el Tribunal reconoce los grandes cambios en el desarrollo constitucional de Puerto Rico, valida la autoridad del gobierno federal para renunciar sus poderes aunque esto no incluye el revisar la historia.

En resumen el Tribunal adoptó  tres doctrinas:

1.      Siendo el Congreso de Estados Unidos la fuente original del poder de acusar no puede separarse en dos fuentes originales y por lo tanto le aplica la cláusula de doble exposición denegando la petición del Gobierno de Puerto Rico.

2.      El Estado Libre Asociado de Puerto Rico es un ente político con soberanía propia en el federalismo americano como si fuese un estado, siendo este status único en el régimen de gobierno de los Estados Unidos. Su creación, sostiene el Tribunal, significó un cambio sustancial en la relación política de Estados Unidos y Puerto Rico. Esta posición rechaza la adoptada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

3.      El Congreso tiene amplios poderes constitucionales para adoptar nuevos esquemas para tratar a Puerto Rico incluyendo el renunciar a sus poderes. Esa doctrina rechaza la posición adoptada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Lo sucedido con la comunicación de este caso quedará en la historia de Puerto Rico como  ejemplo de cómo una opinión del Tribunal Supremo se transmitió al público en muchos casos de manera distorsionada y en otros directamente contraria al propio texto de la misma. Es un testimonio silente y brutal del poder del contexto, de la comunicación y del imperio de la percepción sobre los hechos.

II. Junta de Control Fiscal. Ese mismo día en horas de la tarde la Cámara de Representantes de Estados Unidos dominada con el Partido Republicano y con el apoyo de la Casa Blancademócrata aprobó  una Junta de Control Fiscal federal con poderes de restructurar la deuda de Puerto Rico y de imponer un gobierno alterno en la isla. La Junta a un costo de $370 millones será nombrada por el gobierno federal y pagada por el pueblo de Puerto Rico. La base de poder constitucional de ese proyecto es la cláusula territorial, Art. IV sec. 3 de la Constitución de Estados Unidos.

Entre los poderes de la Junta es supervisar y aprobar un Plan Fiscal y el presupuesto del país por encima de los poderes electos de Puerto Rico. Podrá tomar medidas para reducir gastos sin el consentimiento de la Asamblea legislativa de Puerto Rico. Desaparecerá cuando se logren cuatro años consecutivos de presupuestos balanceados y se rehabilite el crédito de Puerto Rico.

III. Ley de Quiebras. El 13 de junio de 2016 el Tribunal Supremo de Estados Unidos por votos de cinco a favor y dos en contra emitió y por voz del Juez Thomas una opinión validando literalmente la enmienda a la Ley de Quiebras federal de 1984 que dejaba fuera a Puerto Rico del mecanismo de restructuración de deudas pero dejándolo dentro de la prohibición de legislar en este campo.

El Tribunal expresó lo siguiente:

“But our constitutional structure does not permit this Court to ‘rewrite the statute that Congress has enacted.’ Dodd v. United States, 545 U. S. 353, 359 (2005); see also Electric Storage Battery Co. v. Shimadzu, 307 U. S. 5, 14 (1939). That statute precludes Puerto Rico from authorizing its municipalities to seek relief under Chapter 9.  But it does not remove Puerto Rico from the scope of Chapter 9’s preemption provision. Federal law, therefore, pre-empts the Recovery Act.”

El conjunto de estas medidas creó un gran desasosiego en el paí s compareciendo los tres partidos principales a las Naciones Unidas para denunciar a los Estados Unidos por su trato político a Puerto Rico. Las sutilezas de algunos hechos importantes se diluyeron en esa dinámica de las interpretaciones en conjunto, aunque eso no fuese lo que individualmente significasen las diferentes acciones. Siendo un año electoral la tormenta cobró vida propia aparte de sus orígenes y contenidos.

La situación económica ocasionada por las acciones y omisiones políticas ahora se distanciaba de sus orígenes y cobraban fuerza propia e inusitada. Hechos aislados como los vientos de una tormenta se unían y perdían su identidad original.

Así se escribe la historia. Puerto Rico llegaba a las consecuencias de sus vetos mutuos: disminución de su calidad de vida, quiebra de su gobierno propio por manos propias y con apoyo ajeno, gobierno expropiado de las manos de sus electores por acciones de sus elegidos usando el poder sin mirar sus consecuencias, por salir del paso y sin asumir su responsabilidad histórica. El presente se consume el futuro. Esta situación a mi entender, va ainhibir desarrollos políticos en Puerto Rico por los próximos años.

El ciclo se completa, el pensamiento que impulsó al país a saber que su destino lo labraban sus propias manos construyendo un mejor Puerto Rico también es testigo de cómo se puede destruir de la misma forma.

Agenda de futuro

La agenda de futuro en rescatar nuestro gobierno propio. Esa lucha bi-centenaria por un gobierno constitucional que ha quedada suspendida, exige acción colectiva para la afirmación de nuestras esencias de pueblo. Estos retos exigen consenso de nuestro liderato político para retomar nuestro destino. 

Ello va a requerir visión, autocrítica sincera, reconociendo nuestros errores y propósito de enmienda con sacrificio y compromiso con las generaciones del mañana.

Todo desarrollo político, sea la estadidad, la independencia, la libre asociación o el ELA desarrollado necesita un gobierno responsable y libre de una Junta Fiscal que secuestra  nuestra democracia. La libertad se gana y se defiende con gobierno propio responsable y sensible a causas grandes.

Lo hemos hecho antes y lo podemos volver a hacer.

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