Julio Fontanet

Tribuna Invitada

Por Julio Fontanet
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La transparencia descontamina

No importa quién esté a cargo del gobierno -ya sea en Estados Unidos o Puerto Rico-, siempre surge el reclamo de la necesidad de mantener ciertos documentos o información bajo el palio de la confidencialidad de quienes ostentan el poder. Paralelamente, la oposición y otros sectores reclaman acceso.

En los últimos días, este escenario volvió a repetirse. En Estados Unidos, el sector de las la agencias investigativas federales logró (por el momento) que se mantuviera confidencial una parte de los informes secretos sobre el asesinato de John F. Kennedy. El presidente Donald Trump autorizó la liberación de la mayoría de los informes, con la excepción de doscientos que contienen, evidentemente, la información más importante y que serán analizados para determinar si su difusión podría implicar un “riesgo para la seguridad” de ese país.

En muchas instancias, los gobiernos de turno plantean con mucha ligereza el concepto de “proteger la seguridad nacional” o el llamado “privilegio ejecutivo” (véase US v. Nixon) como palabras mágicas que requieren que el periodista o el ciudadano cesen inmediatamente de su empeño por acceder a la información solicitada.

En Puerto Rico, la Regla 514 (de Evidencia) establece el privilegio sobre información oficial que permite mantener confidencial determinado tipo de informe o información. Esta regla ha sido utilizada por distintos gobiernos para evitar la divulgación o el acceso a información en posesión del Estado. A manera de ilustración, pueden identificarse los casos de Noriega v. Hernández Colón (expedientes creados por razones ideológicas); Angueira v. Junta de Libertad bajo Palabra (información sobre los procedimientos para la concesión de libertad bajo palabra); y Soto v. Giménez Muñoz (sobre los hechos acontecidos en el Cerro Maravilla). Hay que reconocer que la jurisprudencia formulada por nuestro Tribunal Supremo ha establecido que toda ley o reglamentación que limite el acceso a información debe contener estándares claros que limiten un reclamo arbitrario o discriminatorio de confidencialidad por parte del Estado.

El problema ha sido que a los gobiernos no les gusta hacer accesible determinada información porque no les conviene; no les conviene porque puede reflejar un pobre juicio o alguna ilegalidad por parte de funcionarios. Volvamos al caso de Kennedy: ¿Cómo puede plantearse seriamente que la seguridad de EE.UU.se va a afectar por un hecho acontecido hace 54 años? ¿Es eso lo que realmente preocupa? ¿O quizás preocupa, entre tantas teorías, la negligencia del FBI en el monitoreo de Lee Harvey Oswald después de haber sido visto en las embajadas de la Unión Soviética y de Cuba en México; o la vinculación de la CIA con personas como Santos Trafficante y San Giancana durante ese periodo; o los informes de quiénes del Servicio Secreto portaban armas automáticas, dato importante según la última teoría del libro The Smoking Gun?

Inclusive, se aducen razones hasta paternalistas para no divulgar información “sensitiva”: el pueblo norteamericano no está preparado para conocer cierta información. ¿Fue eso lo que motivó las acusaciones en contra de Edward Snowden? Cabe preguntarse si un ordenamiento jurídico realmente justo puede permitir que se acuse criminalmente a una persona por divulgar actividades ilegales por parte del gobierno.

Los ciudadanos -particularmente los integrantes de la prensa- tienen que ser insistentes en reclamar el acceso a información en posesión del gobierno, ya sea para saber quiénes participaron en el asesinato de Kennedy, como para conocer los pormenores del contrato con WhiteFish. Mientras más conozcamos, más ilustradas serán nuestras decisiones. Esta práctica, en lugar de debilitar un sistema democrático y constitucional, lo fortalece.

La mejor forma de asegurarnos de que el gobierno actúa dentro de un marco de legalidad y con probidad es teniendo acceso a toda la información. Cuando se actúa con corrección, no hay nada que ocultar. Esa transparencia será el mejor descontaminante en la acción gubernamental.

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