Juan Lara

Punto de vista

Por Juan Lara
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La transparencia entre la Junta de Supervisión Fiscal y la legislatura

El pasado 25 de noviembre, la Junta de Supervisión Fiscal envió una carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado pidiendo aclaraciones sobre los efectos en el presupuesto y el Plan Fiscal de varias piezas legislativas que están considerándose en la Legislatura. Se trata de dos proyectos de ley de la Cámara, tres proyectos del Senado y varias resoluciones conjuntas.

En la carta, la Junta les recuerda y les advierte a la gobernadora y los legisladores que bajo la Ley Promesa no se pueden aprobar medidas que reduzcan ingresos del erario si no se reemplazan con fondos de otras fuentes que tienen que estar identificados con bastante certeza. De igual modo, no se pueden mover recursos de un lado del presupuesto a otro sin la autorización de la Junta.

La idea de estas restricciones es que no se vayan deshilvanando el presupuesto y el Plan Fiscal con medidas improvisadas que afectan el balance de ingresos y gastos, pero permitiendo, a la misma vez, cierta flexibilidad presupuestaria dentro de los límites establecidos.

Según la Junta, cada cambio que hacen las cámaras a la legislación contributiva o a los gastos altera el conjunto de supuestos en los que se basa el Plan Fiscal, y crea incertidumbre sobre sus efectos finales.

Estos planteamientos son muy razonables, porque un programa de estabilización fiscal no puede estar sujeto a modificaciones constantes que pongan en entredicho su coherencia y su finalidad. Sin embargo, la Junta le reclama a la legislatura de Puerto Rico algo que ellos mismos no han podido hacer, ya que los supuestos en los que se basa el Plan Fiscal han sufrido muchos cambios significativos que han creado dudas e incertidumbre sobre su utilidad.

En la carta, la Junta indica que se requiere transparencia en los procesos legislativos para superar los retos fiscales de Puerto Rico. Eso es cierto. De hecho, se requiere transparencia en todo. Sin embargo, la Junta insiste en impedir que la jueza Laura Taylor Swain escuche al economista Ramón Cao en las vistas próximas sobre el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Anteriormente, la Junta intentó también, y lo logró, convencer a la jueza de que no escuchara al economista José Alameda en las vistas sobre la renegociación de los bonos Cofina.

Si no hubiera dudas legítimas sobre la viabilidad económica del acuerdo sobre los bonos de la AEE, no sería preocupante que la jueza Taylor Swain ignorara los planteamientos de personas como el doctor Cao. Sin embargo, las hay.

Según algunos expertos en temas legales, este plan, que conlleva aumentos fuertes en el costo de la electricidad para los hogares y los negocios, no se puede ejecutar sin intervención de la legislatura. Esperemos que la legislatura sí provea el foro de transparencia que parece que no se dará en el tribunal del Título III de la Ley Promesa.

Recordemos, además, que hay otro gran asunto sobre el tapete que tendrá efecto en el presupuesto y el Plan Fiscal, y que no lo puede decidir la Junta: la sustitución del arbitrio a las corporaciones foráneas (la Ley 154) por algún otro vehículo de recaudación fiscal. En este asunto tan delicado, la legislatura y la gobernadora Vázquez Garced tienen que asumir el liderato y la responsabilidad, y debe manejarse también con la máxima transparencia.

Estamos en una coyuntura delicada y peligrosa. El gobierno no puede continuar con las viejas prácticas de improvisación en la política económica, pero tampoco puede dejar de ejercer su responsabilidad en asuntos críticos como el futuro de la AEE y los ingresos de la Ley 154.

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