Ramón Ponte

Tribuna Invitada

Por Ramón Ponte
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La unidad de propósito ante la reforma contributiva federal

El Gobernador de Puerto Rico convocó el pasado lunes a líderes del sector privado a una reunión en La Fortaleza para recabar su apoyo en un último esfuerzo para evitar que la propuesta de reforma contributiva federal cause más daño a la economía de Puerto Rico. Una parte importante de la industria de manufactura en la Isla, que representa cerca de 250,000 empleos directos e indirectos, puede recibir un duro golpe si dicha propuesta es aprobada según está planteada actualmente. Esta base productiva existente es esencial para cualquier plan de desarrollo económico a mediano y largo plazo en Puerto Rico.

La propuesta del liderato Republicano busca cumplir su promesa de campaña de reducir los impuestos tanto a los individuos como las empresas. Ante fracasos en varias otras iniciativas legislativas, el Presidente y su partido sienten una gran presión política para cumplir con esa promesa.

Las propuestas más significativas que impactan a Puerto Rico directamente tienen que ver con los impuestos a las corporaciones estadounidenses que operan en la Isla. En específico, la propuesta de reforma contributiva federal reduce marcadamente la tasa de contribución sobre ingreso aplicable a las corporaciones de 35% a 20%, buscando impulsar la inversión y el crecimiento económico en la nación, con la esperanza de que empresas de Estados Unidos que operan en el extranjero regresen a territorio estadounidense. Cónsono con el objetivo de atraer las operaciones en países extranjeros a territorio norteamericano, la propuesta también impone unos impuestos adicionales a empresas domésticas que operan en países extranjeros a través de entidades afiliadas extranjeras (conocidas en inglés como “Controlled Foreign Corporations” o “CFCs”). Aunque las versiones de Cámara y Senado varían en cuanto a los detalles, ambas imponen impuestos adicionales a estas afiliadas extranjeras. Esto tiene un impacto directo en nuestra Isla debido a que para propósitos de impuestos corporativos federales, Puerto Rico se considera una jurisdicción foránea; es decir un país extranjero, y, por lo tanto, esos impuestos adicionales perjudican a muchas empresas que operan en Puerto Rico como CFCs.

Es importante notar que al momento ni la versión del Senado, ni la versión de la Cámara plantean cambiar la consideración de Puerto Rico como jurisdicción foránea. En este contexto, las propuestas del Gobierno de Puerto Rico han ido dirigidas a enmendar disposiciones específicas buscando que se exima a la Isla de estos impuestos adicionales que impactan a empresas que operan en el extranjero, bajo el argumento de que Puerto Rico es territorio de EEUU. Las enmiendas que el Gobernador presentó el lunes además incluyen una propuesta de la Comisionada Residente para incluir a Puerto Rico en unos incentivos para inversión en zonas desventajadas que aplicaría a empresas domésticas de EEUU (no a CFCs). Esta propuesta es complementaria a las enmiendas relacionadas a las CFC pues permiteatraer otro tipo de empresas.

Ante la amenaza inminente a una parte importante de nuestra base productiva, es importante la unidad de propósito para buscar lo mejor para Puerto Rico. No es momento para política. Nuestra prioridad debe ser la recuperación del País ante el paso de los huracanes Irma y María y la necesidad de incentivar el desarrollo económico de Puerto Rico que impacta a más de 3 millones de ciudadanos americanos residentes en la Isla.

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