Jesús Manuel Ortiz

Tribuna Invitada

Por Jesús Manuel Ortiz
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La unión de voluntades

De la difícil situación económica que vive Puerto Rico hay mucho que nos preocupa. No es para menos, si tomamos en consideración que en menos de dos semanas el gobierno presentará su propuesta de plan fiscal, y la especulación es la orden del día, dado el desconocimiento general sobre las medidas que estarán contenidas en el mismo.

Sin embargo, quiero en estas líneas compartir mi preocupación a raíz de una serie de reuniones en las que participé en Washington DC. En la capital federal hay actualmente una contradictoria y peligrosa realidad entre el conocimiento de los temas que aquejan a Puerto Rico y los presagios de soluciones cercanas.

En el tema de salud, el conocimiento sobre la situación es pleno y la necesidad de actuar rápido es apoyada prácticamente por todos los sectores. El hecho de que el informe bipartita del “task force” congresional haya acentuado la necesidad de actuar rápido, sin duda es de gran ayuda. De las conversaciones puedo decir que la posibilidad de “paridad” en Medicare no parece ser una opción real, aunque si es claro que se están barajando alternativas para evitar el abismo fiscal que se acerca al acabarse los fondos del "Obama Care" destinados al reembolso de Medicaid.

Esa amenaza nos impone la tarea de ser claros sobre la urgencia de tomar acción y en puntualizar que el atender el asunto del sistema de salud coloca en una mejor posición a acreedores, trabajadores, gobierno y por ende a Puerto Rico. La misma percepción de consenso permea el planteamiento sobre la Ley 154, pues la opinión general concurre en la importancia de los recursos que obtiene la Isla con dicho estatuto.

No obstante, nuevas preocupaciones surgen en el camino. Una de ellas está relacionada con la reforma contributiva que se cocina en el Congreso Republicano, y la propuesta de revisar la manera en que las empresas estadounidenses con operaciones en el exterior tributan por ingresos generados fuera de Estados Unidos.

Esa disposición, incluiría a las industrias que operan en Puerto Rico pues, aunque para algunos asuntos nos consideran jurisdicción doméstica, para fines contributivos, somos una jurisdicción foránea. De acuerdo a lo que surja del trabajo de la mayoría congresional, empresas en Puerto Rico pudieran verse en la disyuntiva de tener que pagar arbitrios por exportar bienes y servicios hacia los estados al ser tratados como entidad foránea o tener que pagar contribuciones federales por ser tratadas como entidad doméstica. Esto último atentaría contra las ventajas de nuestra autonomía fiscal.

Esta posibilidad obliga a todos los sectores puertorriqueños a enfilar los esfuerzos a lograr que se entienda la necesidad de tratar a Puerto Rico de la manera más favorable posible y de las consecuencias de no hacerlo. Dar al traste con las ventajas de nuestra autonomía fiscal causaría un daño tan profundo a nuestra economía que le costaría más al Congreso mejorar la situación de los puertorriqueños. La otra razón para preocuparnos es que, de todas las conversaciones sostenidas para discutir nuestra situación, no percibimos sentido de urgencia en torno a la situación de Puerto Rico.

Aunque en la mayoría de los casos se conoce el problema, acciones rápidas para ayudar a enfrentarlo no parecen estar en el radar. 

En fin, provocar la discusión sobre nuestra situación fuera de nuestras costas es un excelente ejercicio para llevar el mensaje y para constatar de primera mano las áreas en las que tenemos que apretar el paso. Lo cierto es que más que nunca necesitamos unir voluntades para adelantar la agenda de Puerto Rico y continuar intensamente los esfuerzos en el gobierno federal, el Congreso y en cada sector que pueda colaborar.

No tengo duda de que la única manera de obtener resultados es trabajar juntos en busca de acciones y herramientas que nos permitan salir lo más rápido posible de la tormenta. Llegó la hora de unir voluntades ante los grandes retos de Puerto Rico, comenzando con exponer la urgencia y necesidad de desarrollar alternativas para atender la crisis de nuestro sistema de salud y la importancia de mantener los ingresos que provee la ley 154 al país, pues se trata de casi el 25% del presupuesto del fondo general.

Si por el contrario, continuamos llevando mensajes encontrados y cargados a intereses particulares, sobre todo político-partidista, el camino de la recuperación será cada vez más difícil.

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