Bianca Valdés Fernández

Punto de vista

Por Bianca Valdés Fernández
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La Universidad de Puerto Rico y el COVID-19

Luego de varias semanas de intensos señalamientos y exigencias públicas por parte de la academia y la comunidad científica, la gobernadora Wanda Vázquez creó un nuevo “task force” para enfrentar la pandemia de COVID-19. Este está compuesto por médicos, salubristas e investigadores de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Pareciera que finalmente el reclamo de que esta emergencia necesita ser manejada por expertos en los campos de salud pública está siendo escuchado, aunque no es suficiente. 

La decisión de la gobernadora de recurrir a expertos y expertas de la Universidad de Puerto Rico revive uno de los reclamos que los estudiantes del primer centro docente del país llevamos haciendo durante años: que no se recorte nuestro presupuesto y se proteja la Universidad.

La UPR es el primer centro docente del país y el centro de investigación más importante del Caribe. La institución actualmente atraviesa una de sus peores crisis presupuestarias, enfrentándose este próximo año fiscal a un posible recorte de 71 millones, adicionales a los que hemos visto. Las medidas de austeridad acogidas por la Junta de Supervisión Fiscal y la continua negativa del gobierno de Puerto Rico hacia la principal institución académica del país han puesto en riesgo el talento y los recursos que la Universidad tiene para ofrecerle, no solo a Puerto Rico, sino al mundo entero. 

Los recortes presupuestarios han impactado grandemente la infraestructura de investigación y la habilidad de la UPR de retener y reclutar investigadores de alto calibre. Estos también han creado un efecto dominó que se hace obvio en momentos de crisis como los causados por el huracán María, los terremotos y ahora la pandemia de COVID-19. Los recortes al presupuesto de la Universidad minimizan nuestra capacidad como país de crear e implementar soluciones contextualizadas e inmediatas para atender las necesidades de Puerto Rico. Esto lo hemos observado con el asunto de las pruebas para determinar quién tiene o no COVID-19.

La UPR ha dicho que sí al llamado del gobierno de Puerto Rico para servirle una vez más al país durante esta pandemia. Pero si el gobierno no le da prioridad a proteger el primer centro docente de este archipiélago, mañana no sabemos si la UPR contará con los recursos para ayudar durante la próxima emergencia. Si el gobierno no protege el presupuesto de la UPR, no tenemos la certeza de que ella estará en la posición de ofrecer los servicios educativos esenciales o seguir capacitando a profesionales del más alto calibre que necesitamos para sacar el país adelante.

Llegó la hora de que el gobierno de Puerto Rico y la clase política del país escuchen el reclamo multisectorial de defender a toda costa la Universidad de Puerto Rico de cualquier corte presupuestario que afecte su infraestructura y funcionamiento. Ya hemos visto las consecuencias de tener una Universidad debilitada. Si los recortes presupuestarios y ataques continúan, tendremos que preguntarnos no solo qué será de Puerto Rico cuando venga el temporal, sino cualquier emergencia.


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