Roberto Alejandro

Desde la diáspora

Por Roberto Alejandro
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La UPR ante la “indiferencia” gubernamental

La crisis universitaria tiene una peculiaridad frente a todas las anteriores. Es la primera vez que los centros de poder están fragmentados y sus voces se expresan en direcciones conflictivas.  Hoy vemos a la Junta de Control Fiscal dictando pautas presupuestarias; luego expresando que la responsabilidad de los recortes recae sobre el Gobierno; una rama ejecutiva que tiene sobradas razones para no forzar la apertura de los centros de estudio; y una jueza que busca imponerla.  Se tiene un Ejecutivo que en su Plan Fiscal del pasado marzo incluyó a la educación superior como un “servicio crítico,” pero que no ha actuado en conformidad con tal entendido.  La coherencia se fue a la fuga.   

¿Qué puede explicar la invocación de la “autonomía universitaria” por parte del Ejecutivo como justificación para “no actuar”?  Creo que hay varias.  La primera es que el plebiscito abortivo y su plan Tennessee no son compatibles con imágenes de violencia en ninguna universidad.  Al Gobierno le gustaría proyectar una imagen de relativa estabilidad dentro de la debacle económica, ya muy conocida en Washington.  La segunda puede encontrarse en la ley Promesa que autoriza a la junta a utilizar todos los recursos del estado en caso de huelgas que amenacen servicios esenciales.  Aunque la JCF no ve a la educación superior como un servicio esencial, si disturbios en centros docentes logran proyectar una inestabilidad que a su vez amenace “contagiar” otros sectores, la JCF muy bien podría enviar de paseo a las ramas ejecutivas y legislativas y decretar el “orden” que deseen.  Hacer reclamos de estadidad con un país regido por cuerpos castrenses movilizados por un organismo extra-constitucional no luciría nada lisonjero para las fantasías anexionistas.

La tercera razón se delineó en un informe del 2011 ordenado por el ex gobernador Luis Fortuño.   Dicho informe, “Cambio de Rumbo para dar Pertinencia a la Educación Superior en el Siglo 21,” visualiza de forma transparente una universidad totalmente adherida a los criterios del neoliberalismo.  El informe anticipa tres escenarios para orientar la política pública hacia la Universidad.  Cito verbatim los primeros dos:

“El primer escenario futuro que se consideró fue no hacer nada (“Business as Usual”), en espera de que los problemas de la desestabilización de la gobernanza, las dificultades financieras, pérdida del estudiantado de alto nivel académico y fuga de talento de sus mejores profesores de alguna manera se auto corrigiesen y la Institución recuperase su vitalidad y prestigio.”

“El segundo escenario futuro que se consideró fue que la alta gerencia permitiese un gradual descenso de la Institución hacia la Irrelevancia y Descomposición: hasta que su función como centro de actividad cultural, educación humanista, investigación científica y desarrollo tecnológico se desplazase hacia el sector privado e instituciones del exterior utilizando a plenitud la tecnología de la educación a distancia, capturaran el espacio que dejó vacante la universidad del Estado.” (Énfasis en el original).

El tercer escenario, apoyado por el informe, se denomina “Golpe de Timón”, y requiere otra discusión.

Es muy posible que el Gobierno, en conocimiento de tal informe, esté actuando a la luz de los primeros dos escenarios, ambos apocalípticos.  O sea: aunque hay varios centros de poder, la aparente indiferencia del Ejecutivo es realmente una intervención muy bien pensada. El único problema es que mantener recintos cerrados, especialmente el principal, no abona nada a la imagen de control en la “gobernanza” del país. 

Quizás la explicación es más pedestre:  el Gobierno no sabe qué hacer en lo inmediato y ha decidido apostar al desgaste que es el sino de toda huelga.

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