Carmen H. Rivera Vega

Tribuna Invitada

Por Carmen H. Rivera Vega
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La UPR debería ser prioridad para la Junta y el Gobierno

En lo que va del año académico, la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha estado constantemente en la palestra pública. Desde que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció una disminución de $300 millones en el presupuesto de la Universidad se entendió que esto tendría consecuencias nefastas para el proyecto universitario.

Recientemente, con el anuncio de que el ajuste sería de $450 millones hasta el 2021, se ha exacerbado la animosidad contra un proceso que ha sido desatinado, injusto e incongruente con lo que significa la Universidad para el país.

Indignación fue la palabra que utilizó nuestra presidenta interina para describir el sentimiento que aflora ante este nuevo desafío. Demás está decir, aunque debemos recordar siempre, que la Universidad ha venido trabajando con presupuestos disminuidos desde el 1998, ya sea por ajustes en acciones de personal y asuntos administrativos o, más tarde, mediante la reducción o congelación de la fórmula de asignación del fondo general del gobierno.

No obstante, a nivel sistémico hemos intensificado la labor de evaluación de la oferta académica para lograr la transformación y reestructuración que atempere dicha oferta a las exigencias de las disciplinas y procesos de acreditación. En el Recinto de Río Piedras se fortaleció el Decanato Auxiliar de Educación a Distancia, desde el cual se trabaja en la creación de programas en línea, acorde con los estándares del Plan Estratégico Sistémico de la UPR.

Los organigramas administrativos se están reevaluando, desde Administración Central hasta los Recintos, con el propósito de mejorar la eficiencia institucional. Todo esto y más se continuará haciendo para apoyar la misión principal del primer centro de educación pública del país: una educación de excelencia, asequible para todos los/las estudiantes.

Ante este nuevo reto fiscal que enfrentamos, ¿qué nos queda por delante? Nos toca denunciar el desmantelamiento contraproducente que resultaría de un recorte de $450 millones a nuestra institución centenaria; nos urge plantearnos metodologías que aseguren la oferta académica, servicios estudiantiles, eficiencia operacional y condiciones dignas de trabajo para los docentes y no docentes; nos compete exigirles a los gobernantes y miembros de la JSF que nuestra institución tiene que ser prioridad en su plan fiscal; nos corresponde identificar acciones que alleguen fondos a la institución, mediante acuerdos interagenciales, comercialización de patentes, apoyo de exalumnos y la diáspora puertorriqueña, entre otros.

Ante la indignación: lealtad y acción concertada de todas las partes para cumplir con nuestro deber de transformar la crisis que vivimos en una nueva esperanza.

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