José Javier Lamas

Punto de vista

Por José Javier Lamas
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La urgencia de enmendar el Código Civil

Nos guste o no, la gobernadora ha estampado su firma en el “nuevo” Código Civil para convertirlo en ley. La pregunta es ¿nuestra sociedad está preparada para que se comience a implementar esta centena de disposiciones de inmediato? La respuesta es un rotundo “no”. 

La aprobación de un nuevo Código Civil es un evento dramático en el devenir social de cualquier país. En el caso de Puerto Rico, se trata de un hito aún más importante, ya que nuestro Código recién derogado tenía más de cien años de redactado e implementado. 

Las normas que regulaban nuestro quehacer social y jurídico, a través de un Código Civil, son conocidas por nuestra ciudadanía, más que por el estudio cuidadoso de la ley, por la tradición oral que se transmite culturalmente de generación en generación. Los puertorriqueños y puertorriqueñas sabemos que un contrato puede ser válido si es verbal y que el arrendamiento se pierde cuando se vende la casa, porque antes lo habíamos escuchado en una conversación familiar o leído en alguna obra literaria. Ese conocimiento cultural casi centenario se acaba de alterar. Nuestra gente tiene que comenzar un nuevo proceso de educación.

Entre sus 1820 artículos, el “nuevo” Código Civil provee para que todas las disposiciones allí incluidas comiencen a regir a partir de los 180 días de su aprobación. Es decir, en seis meses se espera que cada persona en Puerto Rico conozca el contenido de estos artículos y que pueda conducir su vida social y económica de conformidad con ello. Obviamente, eso no va a ocurrir. 

En el caso de los profesionales del derecho, la judicatura del país, profesionales del trabajo social y otras disciplinas directamente impactadas por los nuevos cambios, la puesta en vigor del “nuevo” Código Civil es todavía más retante. Se espera que podamos entender cada concepto instituido en el Código y que, ante alguna controversia en su interpretación, tengamos la capacidad de profundizar sobre sus bases jurídicas y su razón de ser. Esto, a pesar de que la legislatura todavía no ha hecho públicos los memoriales explicativos donde presuntamente se definen los parámetros utilizados para redactar el nuevo Código. Evidentemente, tampoco lograremos readiestrarnos en los próximos 180 días. 

A lo anterior falta sumar la crisis que actualmente vive el país como consecuencia de una pandemia que nos ha obligado a pasar ya tres meses bajo un toque de queda. Los próximos meses serán dedicados, necesariamente, a la adaptación a la nueva realidad social para lidiar con el COVID-19, una vez reabra la economía completamente.

Puerto Rico no es el primero ni el último lugar donde se ha reformado un Código Civil. Cuando miramos la experiencia en otras jurisdicciones que han logrado la hazaña, es evidente que el periodo de seis meses para su vigencia es imposible de sostener. Alemania, por ejemplo, concedió un periodo de cuatro años cuando reformó su Código. La provincia de Quebec concedió dos años. Argentina y Brasil establecieron un año. Incluso, en Puerto Rico, concedimos el término de un año cuando enmendamos el Código Penal, en el 2004. 

Así, la primera de muchas enmiendas que debemos exigir en este “nuevo” Código Civil tiene que ser la de su periodo de vigencia. 

           

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