Carlos E. Díaz Olivo

Punto de vista

Por Carlos E. Díaz Olivo
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La veda electoral y los riesgos para la democracia

Para el año de 1972, el entonces gobernador de Puerto Rico, Luis A. Ferré, aspiró a la reelección. 

De forma simultánea al desarrollo de la contienda electoral, la administración Ferré inició una campaña en los medios de comunicación en la que daba a conocer los programas y logros de las distintas agencias del gobierno.  La oposición política, encabezada por el entonces presidente del Senado y aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Rafael Hernández Colón, criticó la campaña como un uso impropio de fondos públicos para impulsar la candidatura política del gobernador Ferré.  

Hernández Colón se comprometió a que, si resultaba electo, habría de promover legislación para prohibir este tipo de práctica.  Hernández Colón ganó la gobernación y cumplió su promesa.  La Asamblea Legislativa aprobó una ley en la que prohibió, a partir del verano del año electoral y hasta el día de las elecciones, que las agencias del gobierno incurrieran en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de comunicación, así como para la compra y distribución de materiales propagandísticos o promocionales con el propósito de exponer sus programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes. 

Como la veda aprobada no cubría los primeros meses del año electoral, las diferentes administraciones, aprovechaban ese periodo de gracia para colocar anuncios ensalzando la obra del gobierno. En vista de esta práctica, la veda de anuncios se extendió para cubrir desde el primer día del año electoral. Sin embargo, como se reconocía la necesidad del estado de brindar orientación e información veraz sobre asuntos gubernamentales, la Ley Electoral dispuso la creación de una Junta Examinadora de Anuncios a fin de que las agencias presentaran aquellos anuncios de valor informativo que interesaban colocar en los medios, para que está Junta los examinaran y corroborara que estaban libre de influencias políticas indebidas y autorizara su publicación. 

Como podemos apreciar, el objetivo de la veda de anuncios es legítimo, pues procura evitar el uso impropio de fondos públicos para propósitos político partidista y promover una campaña electoral más justa y libre de influencias indebidas por parte de la colectividad política en control del gobiernoEl problema en la práctica es que la Junta Examinadora no ha logrado ser todo lo eficiente y efectiva que se desearía para viabilizar que anuncios gubernamentales legítimos puedan publicarse a tiempo.  Un ejemplo dramático de esta problemática es la revelación reciente de que, debido a la cantidad creciente de casos de influenza, el gobierno necesita desarrollar una campaña de orientación al público. A tales efectos, se presentó una solicitud ante la Junta Examinadora de Anuncios el 22 de enero de 2020. La prensa nos informa que no será hasta una reunión de la Junta a celebrarse el 12 de febrero de 2020, que habrá de considerarse la procedencia de la campaña, esto es, 21 días después de presentada la solicitud.   

Es sencillamente inaceptable y peligroso que, en situaciones de alto interés público, como en casos de riesgos de salud por enfermedades contagiosas, que el estado tenga esperar por espacio de cerca de un mes para poder orientar al pueblo sobre el particular. De igual manera, son reiteradas las quejas de municipios y agencias del gobierno central, del entorpecimiento del que son objeto cuando intentan difundir mensajes importantes a los ciudadanos, debido a la tardanza e ineficiencia de la Junta Examinadora en considerar y aprobar los anuncios presentados. 

Resulta irónico que la veda de anuncios, pensada y diseñada para atender el interés público, termine afectando y perjudicando el mismo. Es posible, sin embargo, alcanzar un balance armonioso entre los intereses en juego.  

Uno de los problemas que confronta la Junta Examinadora es que depende de personas que laboran a tarea parcial bajo contrato. Estas personas tienen otros compromisos además de su función en la Junta, lo que les dificulta prestar su atención completa a esta función, muy particularmente cuando han consumido el total máximo de horas que pueden facturar.  Esta situación se puede atender mediante la contratación de personal a tarea completa que se dedique exclusivamente a atender y disponer con prontitud, los anuncios que son sometidos a su consideración. De otra parte, mucho de los anuncios que se someten a la Junta son programas y actividades consuetudinarios, que periódicamente la agencia involucrada celebra con variaciones, quizás, respecto a los participantes y los días o horas de la actividad.  La Junta debería contar con un proceso expedito, con formularios estandarizados que simplemente permitan sustituir los participantes, días y horas del evento, a fin de que el mismo sea aprobado de inmediato

Medidas como las mencionadas, facilitarían la función de la Junta y la protección de los fondos públicos, sin obstruir el flujo de información vital que el estado tiene que comunicar a sus ciudadanos. Si bien la protección de los fondos públicos constituye un interés apremiante, también es igualmente importante que el estado informe y rinda cuenta de sus acciones y programas. Sin esta información, el pueblo no está en posición de protegerse a sí mismo y de evaluar y juzgar a sus gobernantes. Recordemos que, sin el acceso a información sobre el gobierno y las ejecutorias de sus funcionarios, al pueblo se le afectan sus derechos y la democracia peligra. En conclusión, no existe justificación ni excusa para la ineficiencia antidemocrática de la Junta Supervisora de Anuncios


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