Wilbert López Moreno

Tribuna Invitada

Por Wilbert López Moreno
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La venta de la AEE y Promesa

Estamos en el siglo XXI, en la era de las comunicaciones por internet y la red mundial (World Wide Web). Una información periodística ya no tiene que esperar por la publicación del medio impreso para que pueda salir publicada “al otro día”. Las noticias corren en el tiempo necesario que tarda apretar un botón de “send” en una computadora, una tableta o un teléfono móvil inteligentes.

El Dr. Ricardo Rosselló Nevares conoce muy bien estos mecanismos de comunicación pública. Por esta razón comunica la información de acuerdo con el “sombrero” que tenga puesto. Con el sombrero de presidente del Partido Nuevo Progresista habla para las “gradas” y sus huestes estadistas de que vamos a votar por el presidente de los Estados Unidos de América y tendremos a siete congresistas en el Congreso norteamericano que igualarán a los ciudadanos de la colonia con los de la metrópolis para mejorar nuestra calidad de vida y servicios públicos.

Con el sombrero de jefe administrador de la colonia del Estado Libre Asociado habla para un “pueblo” cansado por las crisis de falta de energía eléctrica y de la ineficiencia gubernamental sobre la venta y privatización de los servicios públicos para mejorar la calidad e infraestructura gubernamental.

Con su sombrero de “deudor” en un caso de quiebra bajo el Título III del “Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act” (Promesa) expone a través de la Junta de Supervisión Fiscal y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) , que no han llegado las ayudas de préstamos federales. Se indica que no se puede pagar la deuda pública  a los bonistas, pero que no sabe dónde están los $6,800.00 millones de fondos públicos que la Aafaf informó que tenían en más de 800 cuentas de banco.

La venta o privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica es un ejemplo de cómo cambia el discurso dependiendo a la audiencia que se quiera llevar el mensaje político, gubernamental o jurídico.

El Plan Fiscal enmendado del “Commonwealth of Puerto Rico” se sometió a la JSF el 24 de enero de 2018. El Plan Fiscal comienza describiendo el “proceso colonial de Puerto” desde la invasión norteamericana de 1898 hasta nuestros días y la falta de “igualdad ciudadana”. Es un Plan Fiscal proyectado dentro del proceso de resiliencia “post Irma y María”, enfocado en la reestructuración de todo el aparato gubernamental y mejora de todas las infraestructuras e instituciones gubernamentales.

Se indica, entre muchas otras propuestas, que 115 agencias públicas se reducirán a 35 para mejorar la eficiencia gubernamental, sin perder a un solo empleado público. Solamente hay que hacer la matemática para ver si es posible.

El enmendado Plan Fiscal sometido establece la venta o privatización de muchos servicios que ofrece elgobierno, entre ellos la AEE. En un momento histórico en que el país se encuentra con un 50% sin energía eléctrica, un mensaje político y administrativo sobre privatización cae como un bálsamo a un pueblo cansado de los gastos en que se incurren por la falta “de luz”.

Sin embargo, el Dr. Ricardo Rosselló Nevares esconde el discurso jurídico que tiene que dar ante la jueza Laura Taylor Swain sobre una AEE inmersa en un procedimiento federal de Título III bajo un articulado sustantivo y procesal bajo la Ley de Quiebra y la ley Promesa. Discurso que tiene que complementar con el Título V de Revitalización de la Infraestructura de Puerto Rico. 

Cuando una entidad pública o privada se somete a un procedimiento de quiebra, en este caso a uno híbrido bajo el Capítulo 9 y 11 del Código de Quiebra y Promesa, cualquier enajenamiento, venta o gravamen de los activos del deudor en quiebra no se puede disponer sin el consentimiento expreso del Tribunal Federal y debe estar enmarcados en el Plan de Ajustes de Deudas que se someta al Tribunal en el “mejor interés de los acreedores”.

En el caso de la AEE, la JSF la representa en el procedimiento de Título III. Los propósitos de la AEE no son solamente “llevar la luz” a su casa o negocio. La AEE es una corporación pública compuesta por distintas facetas empresariales: generación, distribución y venta y cobro de la energía eléctrica. Cada una de estas facetas tiene su propia composición administrativa, laboral y un uso particular que se pueden vender o retener unas independientes de otras. Sin embargo, funcionan como una unidad homogénea, cuyo propósito es dar un servicio público sin obtener ganancias. Un propósito que para la empresa privada que busca obtener ganancias no es el mismo, mucho menos si se desbanda en distintas empresas.

Si el gobierno quiere vender o enajenar todas o algunas de las unidades que componen la AEE tiene que proponerlo en su caso de Título III, obtener la autorización de la jueza Taylor Swain. El producto de esa venta no se puede utilizar sin el consentimiento del Tribunal y mucho menos evadir el pago de la deuda de los bonistas en el propio caso de quiebra que se establezca en el Plan de Ajuste de Deudas.

Ya el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Rob Bishop (Utah), solicitó integrar a los acreedores de la Autoridad en las conversaciones sobre el plan fiscal y la privatización de esa corporación pública. “Es imperativo que la Junta de Supervisión y el gobernador integren plenamente en el desarrollo de estos planes a quienes tienen la deuda, garantizando así la precisión y transparencia en los supuestos que se hacen”, indicó.

El sector laboral de la AEE y el pueblo debemos seguir de cerca todo el procedimiento de venta de la AEE. Queremos que se mejoren los servicios de energía eléctrica, pero debemos estar claros de que no necesariamente tendremos el mismo costo y mucho menos tendremos los subsidios que se ofrecen a los residenciales públicos, hospitales, iglesias, compañías manufactureras, parques recreativos y los municipios que ahora no pagan por “la luz que reciben”.

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