Mayra Montero

Tribuna Invitada

Por Mayra Montero
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La verdad sobre la Ley 80

Se dice que los compradores potenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica y el Fondo del Seguro del Estado, ya han dicho que no quieren cargar con el ejército de empleados de confianza y gerenciales que trabaja en ambas entidades, y cuyo despido sería, en teoría, injustificado, demasiado oneroso si no se deroga la Ley 80.

No habría venta, o se haría muy cuesta arriba, si las compañías que intentan hacerse cargo de esas corporaciones públicas tienen que mantener en nómina a los empleados no unionados, o despedirlos con una compensación que vaya acorde con la ley. Muchos de ellos ganan salarios de ensueño y llevan décadas trabajando para el gobierno. En ambas instancias, hay una capa espesa e inamovible de burocracia.

En teoría, la única forma de que cuajen las privatizaciones es aliviando esa carga, prescindiendo de la ley que ahora les impide despedir a unas personas que, en algunos casos —muy pocos— podrían ser útiles, pero la mayoría no tanto. En todo caso, no está en los planes de los compradores conservarlos en sus puestos.

El sector que se opone a la eliminación de la Ley, especialmente en la Legislatura, estaría buscando el carácter prospectivo de esa decisión —que no le aplique a las personas que ya están trabajando—, algo que, puesto en el contexto de lo que en teoría es la razón principal para empujar la derogación, no tendría sentido. Los compradores querrían salir de los que están —y pesan—, no de los que pongan luego.

Por eso es tan difícil presentar “evidencia” de que la eliminación de la Ley 80 beneficia a la economía, así en general. El mamotreto de más de 2,000 páginas que presentó la Junta de Control Fiscal es una formalidad. Lo leerán, si acaso, los economistas, y eso con calma. Los legisladores, de seguro, no lo van a leer.

Supongo que ahora surgirán las cábalas de si la Ley 80 aplica o no aplica a los empleados de confianza y a los que conforman la alta capa gerencial de las corporaciones. Hablarles con sinceridad causaría una conmoción tremenda en los lugares afectados, y encima hay fuertes intereses políticos. No olvidemos que muchos de esos puestos de confianza en el gobierno, son piezas determinantes del flujo y reflujo partidista, al amparo de poderosos protectores.

En la AEE, el salario promedio de los gerenciales es de más de $4,500 mensuales, y el de los empleados de confianza, de más de $5,000.

A principios de este año el Fondo del Seguro del Estado aumentaba su plantilla de empleados de confianza en un 33%, para un costo adicional (ya en plena crisis fiscal) de $133,000 mensuales, nada menos que $1.6 millones al año, lo que va a sumarse al resto de los millones que ya pagan en ese renglón. Entre eso y los “ayudantes especiales”, entre los que figuran políticos, o parientes “muy” cercanos de políticos, se va un dineral. ¿Qué compañía privada va a querer cargar con ese lastre?

El gran interés en derogar la Ley 80 no es para complacer al dueño de una ferretería, de un supermercado, o de un restaurante, que quiere deshacerse de un par de empleados. Yo creo que de los problemáticos salen cuando quieren, con o sin Ley 80, y además con facilidad pasmosa. Desde los 20 años he trabajado en la empresa privada, y nadie me hace cuentos. 

En cuanto a las megatiendas y manufactureras, no creo que la supresión de la Ley les signifique gran cosa.

El motivo real suena más urgente y específico. 

Y gracias por todo, pero esas 2,500 páginas no las leo ni sonámbula.

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