Hiram Sánchez Martínez

Tribuna Invitada

Por Hiram Sánchez Martínez
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La vergüenza que causa el caso de Luisito “el bebé”

Luisito “el Bebé” será como es, hasta que muera. La retardación mental o discapacidad intelectual —como se llama ahora— no se cura porque no es una enfermedad, sino una condición. Del mismo modo que hay quien nace genio, hay otros que nacen con deficiencia intelectual. De distintos grados, naturalmente. El de Luis Pérez Galbán es “severo”, a tal grado que el Tribunal de Apelaciones concluyó que no podía imputársele ningún delito por darle a su mamá, de 78 años, con un palo de escoba.

El caso, sacado a la luz pública por Benjamín Torres Gotay, de este periódico, nos ha dejado atónitos, casi sin habla. La retardación o discapacidad intelectual severa no es una de las cosas fáciles de simular, como hacen algunos para cualificar para pensiones del Seguro Social. Sencillamente, a menos que se trate de un actor o actriz profesional, no hay modo de engañar a una fiscal o a un juez. ¿Qué fue, que en este caso ambos pensaron que Luisito “pudiera estarse haciendo”? ¿En serio?

La sentencia del Tribunal de Apelaciones es muy reveladora en cuanto a la actitud de indiferencia incomprensible de nuestro sistema de administración de la justicia. Un policía acude a atender una querella de agresión con palo de escoba (no se había asesinado a nadie). Allí los vecinos le informan al agente sobre la condición mental del “sospechoso”, un hombre de 37 años con mente de un niñito —que por eso le apodan “Luisito el Bebé”—; el policía llama al Departamento de la Familia, pero no sabemos lo que le responden (“¿No tenemos personal?, ¿Llame a la fiscalía?, ¿Vaya donde un juez?, ¿A mí plin, eso no es asunto nuestro?”); el policía llama a la fiscalía y la fiscal de turno le dice lo que yo imagino fue: “Sométale, que nosotros no somos siquiatras, nuestro trabajo es acusar; explíqueselo al juez que él sabrá que hacer”.

Pero el juez no supo qué hacer, probablemente no está adiestrado para saberlo, y si lo sabía no lo hizo. Solamente se le ocurrió enviarlo a la cárcel acompañado por la notita: “El imputado aparenta padecer de retraso mental severo y es paciente de APS” (el programa de salud mental para pacientes de la Reforma).

Supongo que esa noche el policía, el personal de Familia, la fiscal y el juez durmieron como lirones. No así Luisito “el Bebé” que sin comprender lo que sucedía a su alrededor comenzó su ordalía de dos meses. Dos meses que solo acabaron porque la prensa denunció el atropello, el país reaccionó con indignación y los componentes del sistema de administración de la justicia, ruborizados por la vergüenza, no encontraron dónde meterse. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones hizo lo que otro juez debió haber hecho desde el principio: desestimar las denuncias y referir a Luisito “el Bebé” al procedimiento de naturaleza civil, no penal, que le provea los cuidados y atenciones especiales que requieren las personas con discapacidad intelectual.

Este caso ha puesto de manifiesto varias cosas: el desconocimiento evidente que tenemos como sociedad acerca de la naturaleza de las deficiencias mentales innatas en nuestro país; la falta de sensibilidad de las personas que manejan en nuestro gobierno las situaciones relacionadas con el comportamiento errático, anormal, de las personas que poseen esta condición; y la probable falta de adiestramiento de jueces, fiscales y policías para lidiar con los distintos aspectos de la salud mental y de la convivencia de este población especial.

Si este caso ha servido para que sintamos alguna vergüenza, que siempre es propia, nunca ajena, entonces los dos meses que pasó Luisito “ el Bebé” en prisión sin comprender ni merecer lo que pasaba a su alrededor, no habrán sido en vano y, por el contrario, habrán sido su contribución a nuestro país para que empecemos a ser mejores personas y a tratar dignamente a los menos afortunados en la dotación de inteligencia.

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