Marizaida Sánchez Cesáreo

Tribuna Invitada

Por Marizaida Sánchez Cesáreo
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La violencia comunitaria

Propuestas dirigidas a modificar el procesamiento criminal de los menores en Puerto Rico han sido objeto de discusión durante los pasados meses. El país está próximo a adoptar e implementar una nueva política pública sobre este tema sin el beneficio de una de las herramientas más importantes que tenemos disponibles en la actualidad.  Me refiero a las prácticas basadas en evidencia (PBE) y su uso para atender responsablemente el tema de la violencia comunitaria. 

Las PBE enfatizan la importancia de fundamentar las intervenciones en el cúmulo de evidencia científica existente con el fin de maximizar los recursos disponibles y obtener resultados efectivos.  El cuadro de la violencia comunitaria en el país y cómo manejamos el procesamiento de menores que están inmersos en este problema requiere que se desarrollen estrategias de prevención e intervención basadas en evidencia.  Sabemos que la exposición a la violencia comunitaria está entre las experiencias más perjudiciales que puede vivir un menor y que los hace más propensos a comportamientos agresivos y antisociales. La violencia comunitaria también crea nichos de delincuencia que afectan a cualquier persona independiente de su etapa de desarrollo.  Por eso, la violencia comunitaria nunca será solucionada mediante propuestas punitivas en la última etapa del problema.  Hay que mirar a la raíz e intervenir en las etapas más tempranas. 

Lamentablemente, Puerto Rico cuenta con una política pública emergente y fragmentada en cuanto a la niñez y juventud, donde predominan la ausencia de datos, la poca coordinación entre agencias, y los programas con acceso y financiamiento limitado.  Los arquitectos de política pública en el país deben atender estas deficiencias si verdaderamente pretenden promover una política saludable en cuanto al procesamiento de los menores. Para lograrlo, cuentan con el cúmulo de evidencias y experiencias de nuestros profesionales de la salud, investigadores y organizaciones comunitarias que llevan años estudiando el problema e implementando programas de prevención siguiendo los lineamientos de las prácticas basadas en evidencia. 

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