Julio Fontanet

Tribuna Invitada

Por Julio Fontanet
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Lecciones de una tiraera jurídica

Con la determinación —correcta en derecho— de “no causa” en el caso de la secretaria de Justicia, termina por el momento un terrible e histórico episodio de nuestra historia legal: la primera vez que se presentan denuncias contra un secretario de Justicia en funciones.

Fueron tan intensos y estridentes los reclamos e imputaciones entre todos los sectores involucrados, así como las recriminaciones mutuas sobre la verdadera génesis de las denuncias, que me recordaron las “tiraeras” entre exponentes del rap urbano. En este caso, sin embargo, el asunto es muy serio y trasciende el aspecto mediático y comercial.

A mi juicio, a pesar de la corrección de la decisión tomada por la jueza que atendió la vista, no hubo ganadores; todos fuimos perdedores. La secretaria de Justicia tuvo que ser relevada de su cargo y someterse a los rigores de estos procesos a base de unos hechos que no lo justificaban. Si eso le pasó a la secretaria, pueden ustedes imaginarse lo vulnerables que estamos el resto de los mortales.

Perdió la Oficina del Fiscal Independiente por promover un caso inmeritorio e invertir recursos humanos y fiscales. ¿Cómo queda la percepción ciudadana cuando muchos de los protagonistas de esta historia de horror se han hecho imputaciones recíprocas y aducen motivaciones oscuras para las respectivas investigaciones realizadas? Para la percepción ciudadana ha quedado al descubierto que el sistema de justicia penal puede ser utilizado para agendas y motivaciones deleznables, totalmente inconsistentes con el esclarecimiento de conducta criminal.

No obstante, hay lecciones importantes de este episodio. Y no tengo duda de que tienen mucho alcance gracias a la trasmisión en vivo de la vista. La más importante es que el pueblo pudo ver cómo, en pleno Siglo XXI, es posible someter una denuncia a una persona por delito grave sin que esta sepa de qué se la está acusando; y ello a base de declaraciones juradas de testigos que, supuestamente, tienen conocimiento personal de lo acontecido. Muchas personas que observaban la transmisión me preguntaban cómo es posible que eso pueda pasar en Puerto Rico. Específicamente: ¿cómo puede celebrarse una vista para arrestar a una persona —con las consecuencias legales, sociales y laborales que conlleva— sin que pueda interrogar a los testigos de cargo o, ni siquiera, examinar las declaraciones juradas que son evaluadas por el juez para tomar su determinación? Como les dije: ¡Bienvenidos al proceso penal puertorriqueño del Siglo XXI!

Esta práctica ha sido muy criticada desde hace tiempo por nuestra abogacía y por la academia. Nadie internaliza que esto puede pasar —ni los problemas que conlleva— hasta que lo vive en carne propia o lo ve trasmitido en vivo. Hay personas que ven los derechos de los acusados como obstáculos para el esclarecimiento de sucesos, lo que no es cierto. Esos derechos en ningún momento limitan la facultad del Estado para investigar una conducta criminal, pero, más importante aún, minimizan la posibilidad de que una persona inocente pueda ser procesada criminalmente.

Debemos aprender de esta terrible experiencia y tomar acción para que no se repita, ya sea con un funcionario gubernamental o con un ciudadano de a pie. Las reglas de procedimiento penal deben ser enmendadas inmediatamente para garantizar que toda persona contra quien se pretenda presentar una denuncia criminal por delito grave pueda contar con las garantías mínimas del debido procedimiento de ley, como son la notificación previa de lo que se le imputa, la asistencia de un abogado, el poder presentar prueba a su favor y el derecho a contrainterrogar a los testigos de cargo en todas las etapas del proceso. De esas garantías, la secretaria de Justicia solo pudo contar con la asistencia de abogado.

El procedimiento penal no puede convertirse en un manual del Estado para facilitar la presentación y encausamiento de personas mediante un procedimiento atropellado y carente de garantías mínimas. Si no se ataja este funcionamiento, se convertirá en condición crónica del sistema de justicia y todos podríamos ser víctimas.

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