Omar Andino Figueroa

Tribuna Invitada

Por Omar Andino Figueroa
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Legitimidad del Tribunal Supremo de Puerto Rico

Cuando en 2010 la mayoría del Tribunal Supremo solicitó a la Asamblea Legislativa aumentar la composición del foro, de siete a nueve jueces, algunos tronaron contra esa decisión. Algunos miembros de la comunidad jurídica cuestionaron la legitimidad de la “nueva mayoría”, que incluye a seis jueces nombrados por el gobierno del Partido Nuevo Progresista, argumentando que pondría en peligro la democracia. Plantearon que Puerto Rico viviría una crisis constitucional. Muchos sabíamos que esos argumentos eran infundados, lo cual reafirmó, entre otros, la decisión unánime del Supremo que decretó la inconstitucionalidad de la juramentación del licenciado Pedro Pierluisi Urrutia como gobernador.

Los jueces asociados Rafael Martínez Torres, Erick Kolthoff Caraballo, Edgardo Rivera García, Luis F. Estrella Martínez, Roberto Feliberti Cintrón y la jueza asociada Mildred Pabón Charneco, todos nombrados por el entonces gobernador Luis G. Fortuño Burset y confirmados por el Senado, han demostrado fiel apego a la ley y al orden, a la Constitución de Estados Unidos y a la de Puerto Rico. Esos jueces decidieron en Puerto Rico v. Sánchez Valle - conforme a Derecho, y no a base de visiones políticas acomodaticias para perpetuar una solución particular de estatus como había ocurrido en el pasado- que Puerto Rico es meramente un territorio y no un ente soberano en el marco constitucional estadounidense. Algunos profesores y otros miembros de la comunidad jurídica criticaron duramente a los seis jueces que suscribieron esa decisión, adjudicándole matiz político. Se probó que las críticas eran injustificadas cuando el Tribunal Supremo federal confirmó la decisión del Tribunal Supremo local suscrita por el juez asociado Martínez Torres.

Martínez Torres se caracteriza por su conocimiento de Derecho Constitucional, sobre el que suscribe opiniones de gran envergadura. Estas incluyen la decisión en Puerto Rico v. Sánchez Valle y U.P.R. v. Laborde Torres, que protege el derecho de libertad de expresión que cobija a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. No debe sorprender que Martínez Torres haya redactado la decisión unánime que puso fin a la corta e inconstitucional gobernación de Pierluisi Urrutia. Aunque siempre existirán profetas del desastre disfrazados de “expertos”, todos los argumentos que atacaban la legitimidad de la composición del Tribunal Supremo han sido destruidos.

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