Juan Zaragoza

Tribuna Invitada

Por Juan Zaragoza
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Letal dilema contributivo

Si aquel lunes 25 de julio de 1898, día de la invasión, hubiéramos revisado las leyes contributivas de los Estados Unidos, nos daríamos cuenta de que estas no nos mencionaban en sitio alguno. No era para menos. Hasta aquel día éramos parte de España y, por lo tanto, un país extranjero para propósitos de los Estados Unidos. De allá para acá el andamiaje contributivo federal ha impactado significativamente la economía de la isla.

Todo comenzó a principios del Siglo XX, al considerarnos parte de los Estados Unidos, para propósitos aduaneros. Las excepciones comenzaron en 1917, al aprobarse por el Congreso federal la primera ley de contribución sobre ingresos que nos incluía dentro de la definición del término “Estados Unidos”, por lo cual era de aplicación aquí. Para eximirnos, se estableció que se administre localmente y que todos los ingresos que se generaran, fueran las arcas locales. De esta forma nos eximieron de la aplicación de la ley federal.

Desde entonces, para propósitos federales, se consideran corporaciones domésticas aquellas incorporadas en los Estados Unidos y foráneas las incorporadas en otros países, incluyendo a Puerto Rico. Consistente con esto, en Puerto Rico consideramos las incorporadas aquí como domésticas y las incorporadas fuera de la isla, incluyendo los Estados Unidos, como foráneas.

Tan temprano como en 1921, las corporaciones domésticas de los Estados Unidos que operaban en Puerto Rico se agenciaron un trato preferencial. Desde ese año en adelante y hasta 2005 prefirieron seguir operando en la isla de esta forma, ya que el trato preferencial continuó de diversas formas hasta terminar con la Sección 936.

Al morir las 936, el capital norteamericano tuvo que recurrir a la herramienta que siempre usó para operar en otros países: las corporaciones foráneas. La corporación foránea es el mecanismo que permite posponer la tributación en los Estados Unidos, hasta el momento en que se repatria el dinero a ese país.

Ahora, para agravar más nuestra capacidad competitiva, nos ataca el nacionalismo económico del presidente Donald Trump. En este momento, el Congreso está considerando una serie de medidas para encarecer el costo contributivo de hacer negocios fuera de los Estados Unidos y hacer más rentable el hacerlo en ese país.

Bajo las propuestas que hoy se barajean, ya sea de la Cámara de Representantes o del Senado, se llega a una combinación letal para la economía local. Un aumento descomunal en los costos contributivos federales de operar a través de corporaciones foráneas, como las usadas actualmente en Puerto Rico, y una reducción significativa en los costos contributivos de operar como una corporación organizada bajos las leyes de los Estados Unidos.

Como pintan las cosas, es cuesta arriba que salgamos ilesos de esta. Como pasa tan a menudo con nuestros asuntos en Washington, tenemos grupos pidiendo cosas diferentes, lo que dificulta llevar un mensaje uniforme. Por un lado, unos quieren atender el problema logrando que se nos considere como una jurisdicción domestica para los Estados Unidos. Esto nos pondría delante de las otras jurisdicciones foráneas y nos empataría con los estados de los Estados Unidos, desde el punto de vista de costos contributivos. La gran desventaja estaría en los altos costos de hacer negocios en el país. Finalmente, este enfoque provocaría que la ferretería de la esquina venga obligada a rendir planilla federal.

Otro grupo prefiere que las empresas norteamericanas puedan seguir operando en Puerto Rico a través de corporaciones foráneas, pero excluyéndolas total o parcialmente de la nueva carga contributiva impuesta a estas. Eso sería una vertiente de lo que fue la 936 en su momento. Sabemos que cualquier cosa que se parezca a las 936 es tóxico para el Congreso.

Este es el dilema que hoy nos angustia, dilema centenario, hijo legítimo de una relación política matizada por la falta de poderes y la desigualdad. Dilema que nunca muere, solo se transforma con el tiempo.

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