Esther Vicente

Punto de vista

Por Esther Vicente
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Ley 54 y activación política

En días recientes hemos experimentado el poder de la ciudadanía unida tras un propósito común. Vimos cómo un movimiento amplio sin personajes que se apropiaran del poder logró alcanzar una meta que parecía improbable. No es la primera vez que vivimos la experiencia de la movilización colectiva como fuente de cambio social. Recordamos la gesta para sacar la Marina de Vieques. Para el movimiento de mujeres, esta tampoco es la primera vez que logra un cambio importante a través de la lucha consecuente, persistente y comprometida.

Se cumplen 30 años desde que se creó la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica en Puerto Rico, conocida como Ley 54. En ese momento, el movimiento de mujeres, ayudado por otros sectores sociales, también alcanzó una meta que parecía inalcanzable. No se movilizaron tantos miles como los que participaron en el Verano Boricua del 2019, pero sí suficientes organizaciones, mujeres sobrevivientes, combativas y políticas, profesionales de ayuda, hombres solidarios y algunas jefas de agencias del gobierno involucradas en la defensa de los derechos de las mujeres, para formar un núcleo combativo. Se coagularon potentes voces y acciones para mover a un gobierno que se había comprometido a legislar contra la violencia en las relaciones de pareja, pero que solo querían ofrecer una simple norma para incorporar un delito menos grave en el Código Penal.

Ese movimiento alimentado por años de trabajo paciente de documentación, de investigación, de provisión de servicios y de atención a las voces de las personas más afectadas por este problema social, creó un proyecto de ley, luchó por conseguir su aprobación y desde entonces se mantiene activado reclamando su debida implantación. La experiencia de Puerto Rico con la Ley 54 da cuenta de las posibilidades y las limitaciones que encara el proceso de creación de legislación para atender las necesidades que genera la violencia en las vidas de las mujeres y de otros sectores discriminados. Aunque la Ley 54 es una pieza legal de vanguardia, su adecuada implantación choca con una sociedad que aún no ha superado el sexismo, la homofobia, la transfobia, el discrimen por razón de género. Hacer más eficaces los remedios legales creados por medio de la legislación requiere del fortalecimiento de las entidades que proveen acceso a la justicia y procesos de rendimiento de cuentas y monitoreo asequibles a la ciudadanía.

Por ello, 30 años después de aquella gesta continúan los reclamos por una debida atención del problema, por acceso a la justicia para quienes lo confrontan y por la equidad de género y económica de las mujeres. Sin acceso a oportunidades educativas, de empleo, a servicios de cuido de la prole y de los adultos dependientes, resulta muy difícil erradicar la desigualdad que alimenta las relaciones de poder que subordinan a una gran proporción de las mujeres de este país. Esa desigualdad social y económicaestá a la raíz de la violencia de género.

Treinta años después el movimiento de mujeres reclama una Declaración de Emergencia ante la Violencia de Género. Esa Declaración, si se queda en simple texto sin una gestión de monitoreo y rendimiento de cuentas a quienes la reclaman, tampoco será suficiente. Tiene que estar acompañada de la voluntad política de hacer realidad las promesas de igualdad de oportunidades, de proyectos de desarrollo económico para las mujeres, de creación de viviendas adecuadas y asequibles a las mujeres que rompen con relaciones de maltrato y sus hijos e hijas, de cambio de actitudes en los funcionarios llamados a implantar las medidas de protección. En fin, desde siempre reclamamos, definimos, adiestramos, creamos proyectos, apoyamos proyectos, marchamos, comparecemos a vistas, a reuniones con gobernantes, a comunidades, escuelas para explicar la naturaleza del problema y recabar apoyo y acciones concretas.

Ha llegado el momento de que se muevan los actores de las diversas ramas de gobierno y de la comunidad borincana a actuar como reclama este movimiento, o ¿es que tendremos que paralizar el país para que nos atiendan?

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