Ari J. Feliciano Pérez

Tribuna Invitada

Por Ari J. Feliciano Pérez
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Ley de armas: democratizar el derecho a defenderse

El propósito de cambiar la ley de armas es proveer un mejor acceso al ciudadano al derecho de poseer armas de fuego y poder defenderse él o ella y sus familiares. 

La primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos da el derecho a libre práctica de religión, prensa y expresión. La segunda da el derecho a poseer armas. 

Desde antes de la revuelta nacionalista de la década de 1950, en Puerto Rico se ha tratado de obviar el derecho a la posesión de armas de fuego y de libre expresión (ley de la mordaza, 1948). El derecho a poseer armas todavía está muy limitado.

Los argumentos en contra de la modificación de la ley de armas, incluyen el que la modificación no resultaría en una sociedad más segura con la población más armada. Nadie ha planteado que sea esa la razón.  Tampoco se ha dicho que bajará la criminalidad o las armas ilegales. Por otro lado, flexibilizar las armas legales no aumenta la inseguridad ni la criminalidad. Esto es corroborable revisando las altas y bajas de la criminalidad desde que se aprobó la ley de armas de 2000, flexibilizando el acceso a las mismas.

El otro argumento en contra es que reducir el tiempo de la investigación policial, a 60 días en lugar de los actuales 120, es muy poco tiempo. La realidad es que ni en 60, 120  o 770 días (como era la ley antes de2000), la Policía realiza las investigaciones de campo. Hablo por experiencia propia. 

Por otro lado, 60 días tal vez es demasiado en algunos casos. Este mes, una mujer de Ponce, con una orden de protección del miércoles 5 de junio contra su pareja, fue asesinada el sábado 8. Luego de que el fiscal de Mayagüez no tomara acción ante los hechos violentos del victimario perpetuados en Lajas contra la víctima, el victimario sí tomó acción tres días más tarde. Ante la falla del sistema de gobierno para proteger esta mujer, si ella hubiese estado armada, tal vez estaría viva hoy.  Lamentablemente casos como este, en los que el sistema de seguridad del Estado falla, los vemos todos los años.

El otro argumento es que bajar el costo de la licencia afectará el fisco. Pues bien, ¿por qué no le imponemos un impuesto gubernamental a asistir a iglesias o votar? Todos son derechos constitucionales.  Plantear que el costo a este derecho es adecuado proviene de una visión elitista. Las personas que viven en las zonas de mayor incidencia criminal tienden a ser de bajos recursos y son las que más necesitan defenderse. Reducir el costo es democratizar el derecho a defenderse. 

El otro argumento es que modificar la ley dará acceso fácil a las armas a personas no indicadas. Esto también es demostrablemente falso. Los requisitos personales no se han cambiado. Fundamentalmente solo se le baja el costo al ciudadano y se le requiere a la Policía ser más ágil al facilitar un derecho. ¿Es esto mucho pedir?

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