Osvaldo Carlo

Punto de vista

Por Osvaldo Carlo
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Ley de armas: nueva problemática social

La nueva ley de armas firmada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced representa un cambio drástico de política pública. Nunca antes la ciudadanía había disfrutado de un acceso tan amplio a la portación de armas de fuego como el que contempla la nueva legislación.

Hasta la firma de la nueva ley, ciudadanos sin expediente criminal y de buena reputación en la comunidad podían obtener con relativa facilidad las licencias de tiro al blanco y de posesión de armas.

Por otro lado, la anterior ley no facultaba a todos los ciudadanos a portar armas de fuego. La portación se limitaba, entre otros, a los guardias de seguridad, los que transportan valores, comerciantes, personas bajo amenaza y otros ex funcionarios estatales y federales.

Como parte del proceso, se llevaban a cabo entrevistas de campo de vecinos, cónyuges, excónyuges y otros relacionados quienes eran interrogados como parte del proceso de obtener una licencia de armas. En el caso de la portación, el solicitante tenía que llevar, además, tres testigos de reputación a la vista judicial y contar con el visto bueno del fiscal y el juez.

La política pública anterior, no solo requería que el solicitante de una licencia de portación de armas tuviese la necesidad de portar un arma y un récord criminal limpio, sino que también  sus vecinos, parejas y amistades tenían que dar fe de su carácter, madurez y estabilidad emocional.

Hasta cierto punto, el cambio en la ley de armas es necesario ya que reduce a una cantidad razonable los costos del proceso. Al obviar el requisito de mostrar una “necesidad”, la nueva ley brinda al ciudadano común la alternativa de portar un arma para su defensa.

Los promoventes de la nueva ley argumentan que aun cuando se liberaliza la portación, los criterios para expedir esta licencia son más estrictos. Según estos, la Policía habrá de tener acceso a un amplio banco de datos electrónicos donde se puede corroborar el historial del solicitante.

Sin embargo, al eliminar las investigaciones de campo, surgen problemáticas que los bancos de datos no tienen la capacidad de resolver. Una de estas  es la existencia de personas, sin expediente criminal, cuya posesión o portación de un arma puede representar un riesgo para la comunidad, allegados, parientes y hasta para ellos mismos.

Tome como ejemplo al bravucón del barrio que tiene problemas de convivencia en su comunidad y posiblemente ha sido el protagonista de altercados con sus vecinos. Aun cuando nadie le ha radicado una querella, sus vecinos no quisieran ver a este bravucón armado. Al tener un expediente criminal limpio y eliminarse las entrevistas de campo, para que sus vecinos opinen sobre su carácter, este bravucón va a poder portar armas.

Está la pareja a cuyos vecinos les consta que tienen serios problemas maritales. Posiblemente sus altercados y hasta agresiones físicas son de conocimiento de la comunidad. Sin embrago estos incidentes no han sido motivo de querellas o de solicitudes de órdenes de protección. Estas personas cualifican para obtener una licencia de armas bajo la nueva ley, ya que sus vecinos no serán entrevistados.

Quizás usted conoce de alguien con un largo historial psiquiátrico o de alguna persona que necesita de medicamentos para poder funcionar y relacionarse con los demás. Estas personas también tendrían el derecho a portar armas de fuego, ya que los bancos de datos que se utilizan contienen solo la actividad criminal.

Es de común conocimiento el que la Policía y las agencias federales tienen y han realizado investigaciones de personas que no tienen expediente criminal previo. Estas personas tendrían, potencialmente, el derecho a una licencia de portación de armas bajo la nueva ley.

Nuestra sociedad es una violenta y sufre una alta incidencia criminal. La cantidad de asesinatos en el país excede  los quinientos anuales. Los asesinatos, en gran medid,a están ligados al trasiego de drogas. Sin embargo, contrario a otras jurisdicciones, en Puerto Rico no tenemos las matanzas sin sentido provocadas por desajustados mentales que tuvieron acceso “legal” a armas de fuego.

Al eliminar las investigaciones de campo, que sirven para detectar factores de riesgo que no se reflejan en un expediente criminal, ni ocuparse de la salud mental de los solicitantes, la nueva ley de armas deja la puerta abierta a una nueva problemática social.

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