Ismael Torres

Tribuna Invitada

Por Ismael Torres
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Leyes electorales y democracia en Puerto Rico

El sistema electoral, se quiera o no, tiene una importancia capital en la democracia. Y las elecciones generales permiten al pueblo constituir su Asamblea Legislativa y producir el gobierno que los ha de dirigir durante determinado periodo.

Las leyes electorales, con sus virtudes y defectos, deben ser producto del consenso de los partidos y grupos que accionan en la política del país y tienen que recoger el sentir de las mayorías. Cambiar esas reglas de juego sin el apoyo de una mayoría calificada constituye un grave error porque la nueva mayoría que venga intentará hacer  lo mismo, y las consecuencias para el propio sistema serían horribles, principalmente porque se mina la confianza tan necesaria en el sistema que se intenta proteger.

Lo dicho hasta ahora tiene el propósito de advertir sobre posibles cambios a las leyes electorales a raíz de lo que se ha comenzado a divulgar sobre actuaciones ilegales del ahora expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz, cuando era juez municipal, que involucra a miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP), algunos de los cuales hoy se despeñan en puestos de importancia en el gobierno de Ricardo Rosselló.

En estos días, el presidente interino de la CEE, Nicolás Gautier, dio curso a una petición de la comisionada electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, para investigar esa situación y se fijen las responsabilidades legales y administrativas que correspondan.

Concretamente, la investigación persigue identificar irregularidades administrativas o posible comisión de delitos ocurridas en el proceso eleccionario de 2016, cuando el juez Ramos Sáenz actuaba como presidente de la comisión electoral de Moca, y en tales funciones consultaba con personas allegadas al liderato PNP sobre controversias sometidas ante él.

Además de la CEE, investigan ese asunto el Departamento de Justicia, la Administración de los Tribunales, la Oficina de Ética Gubernamental y el Senado de Puerto Rico.

Hasta aquí  todo parece transcurrir con aparente normalidad.

La preocupación en estos momentos surge ante los potenciales cambios que se puedan hacer a las leyes electorales para que no se repitan situaciones tan indeseables como las que se les imputa al juez Ramos Sáenz y a funcionarios electorales del PNP.

Ni la operación ni los cuantiosos gastos en que incurre la Comisión Estatal de Elecciones agradan a muchos y se está creando el ambiente en la opinión pública para que se hagan cambios en las leyes electorales.

De la vieja Junta Estatal de Elecciones, seguida por el Tribunal Electoral y la actual CEE, han pasado unos cuantos años y persisten los cuestionamientos sobre el organismo que rige el proceso electoral.

Son muchos y complejos los problemas que existen en estos momentos al plantearse cambios fundamentales a esas leyes, principalmente cuando cada día se le hace más difícil a los partidos políticos contar con aquellos ejércitos de voluntarios que le hacían el fundamental y nada atractivo trabajo de campo que tan necesario es.

Parece que llegó el momento para revisitar esas leyes, que son fundamentales para la democracia. Pero lo que se vaya a hacer tiene que contar con el más amplio consenso para que el estatuto perdure por años.

De lo que no cabe duda alguna es que en las próximas elecciones habrá nuevas leyes electorales cuya administración estará apoyada por personal voluntario, con un personal administrativo de apoyo bastante reducido y con mucha tecnología.

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