María Dolores Fernós

Tribuna Invitada

Por María Dolores Fernós
💬 0

¿Libertad religiosa o acto inhumano?

El Proyecto 1253 sobre libertad religiosa en su Exposición de Motivos expresa que su propósito es clarificar ciertos principios de lo que constituye libertad religiosa y declara que este concepto consiste en que las personas religiosas puedan actuar conforme a sus valores y principios.

La pieza legislativa añade que todos los aspectos religiosos, sean o no centrales para cada religión en particular, están incluidos en esta protección.

Varios comentarios son de rigor.

En primera instancia, no es correcto bajo la doctrina constitucional, que toda persona tenga el derecho a actuar conforme a sus valores y principios. Actuar implica conducta y acción, y estas no tienen la misma protección en nuestro sistema de derecho que la mera idea o el pensamiento. Pensar y creer tiene la máxima protección constitucional más no así cuando de ella surge una acción específica pues esa acción pudiera afectar el derecho de otros, derecho que el Estado tiene también la obligación de proteger. Ningún derecho, como sabemos, es absoluto.

Las actuaciones de cada persona, seamos religiosas o no, están limitadas por los derechos de las otras personas y por la obligación positiva del Estado de garantizarle a toda persona su dignidad, su seguridad, su vida íntima y familiar. Por ser derechos humanos fundamentales, la Constitución le impide al Estado afectar esos derechos a menos que exista una situación urgente o crítica que le obligue a limitarlo y no haya una forma menos invasiva de lograr resolver la situación. ¿Cuál es entonces la razón de estado que justifica que se le permita a un o una funcionaria negarse a ofrecer un servicio al que tendría derecho cualquier otra persona, por ser de la comunidad LGBTTIQ?

Las personas que profesan una religión no tienen más derechos que la comunidad LGBTTIQ, la cual, en toda su diversidad, tiene los mismos derechos humanos y constitucionales que la comunidad religiosa, que las personas heterosexuales, así como que las personas que no profesan creencia religiosa alguna. Todos tenemos igual derecho a que se respete y proteja nuestra dignidad y no se nos someta al escarnio público por complacer las visiones excluyentes y discriminatorias de unos sectores.

Los vínculos entre los discursos discriminatorios de muchos sectores religiosos contra la comunidad LGBTTIQ y sus reclamos de libertad religiosa no hacen sino evidenciar que su verdadero propósito al reclamar su libertad religiosa es imponer su visión opresora y cercenar los derechos humanos de la comunidad LGBTTIQ. Esto es inaceptable en una sociedad pluralista y democrática.

El Proyecto 1253 debe denunciarse como lo que es: un intento de formalizar y legitimar mediante legislación lo que prohíbe la Constitución y la idea misma de los derechos humanos: marginar, excluir, negarle su humanidad a un sector de la población.

¿Cómo se puede pretender legislar para permitir que funcionarios públicos se puedan negar a atender oproveer un servicio público a una persona en nuestro país por razón de creencia religiosa?

Los promoventes de esta legislación están fomentando la recreación de momentos históricos que creíamos superadas en nuestras sociedades, épocas de castas de intocables y de colonias de leprosos.

No lo permitamos. Este proyecto debe denunciarse, repudiarse y derrotarse.

Otras columnas de María Dolores Fernós

💬Ver 0 comentarios