Orlando Parga

Tribuna Invitada

Por Orlando Parga
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Libertad religiosa y valentía ejecutiva

Escondido en la historia está el capítulo de cuando asomó la Libertad de Culto a Puerto Rico.  Horas después de la invasión de 1898 un oficial del ejército estadounidense ordenó abrir las puertas y ventanas del Templo Anglicano de la ciudad de Ponce, sostenido en el hecho de que en esa jurisdicción ya no imperaban los decretos de la reina María Cristina de España sino lo dispuesto en la Constitución de Estados Unidos.

Hasta entonces la doctrina protestante estuvo proscrita en esta colonia española que solo reconocía a la Iglesia Católica, por lo que los servicios anglicanos de una comunidad de ciudadanos ingleses radicados en Ponce se ofrecieron por mediación de la reina Victoria de Inglaterra con la monarquía española, condicionados a darse con puertas y ventanas cerradas para impedir la contaminación pública de un ritual ‘foráneo’.

La separación de Iglesia y Estado es un concepto de raíces muy profundas que originó la persecución religiosa de la que escaparon los peregrinos europeos que emigraron a Nueva Inglaterra; y de tanta relevancia, como para haber provocado la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos.  Y es el ordenamiento constitucional que impera en Puerto Rico desde 1898.

Ese derecho garantiza que la doctrina protestante sea profesada con absoluta libertad en Puerto Rico, lo que le ha conseguido hoy día potenciarse en igualdad a la Iglesia Católica.  Lo que no le permite es dictar su normativa al Estado como pretendían sus activistas mediante el llamado proyecto de “libertad religiosa”, vetado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.  Libertad religiosa inequívocamente aplica al derecho de cada ciudadano para profesar o no, creer o no, compartir o no, normas y preceptos predicados por las instituciones religiosas.  Es el reconocimiento absoluto del libre albedrío de conciencia individual; y frente a enorme presión religiosa y política el gobernador Rosselló actuó valientemente, vetándolo.

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