Gerardo A. Carlo-Altieri

Tribuna Invitada

Por Gerardo A. Carlo-Altieri
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Litigios alrededor de PROMESA

Era fácil predecir que la radicación del caso de quiebra del gobierno central bajo el Título III de la Ley del Congreso 114-187 conocida por “PROMESA” crearía más litigios, pero la variedad y fogosidad de los pleitos, en especial las demandas recientes en contra de la Junta de Supervisión (la “Junta”) y en contra de los Estados Unidos sorprenden.

Un ejemplo es la acción de Altair Global y otros fondos de inversiones (“hedge funds”) en el U.S. Court of Federal Claims donde estos alegan que la Junta actuó ilegalmente al aprobar e incluir en el presupuesto de 2017 aportaciones gubernamentales de retiro que constituyen la garantía contractual para sus bonos. Los “hedge funds” alegan que la Junta es una entidad federal y que la confiscación de sus activos y colateral requiere compensación monetaria por el gobierno estadounidense.

Esta acción de cobro contra los Estados Unidos es una táctica bastante agresiva ya que el Congreso ha repetido que PROMESA no provee un rescate (“bail-out”). Además, PROMESA establece que el “full faith and credit” federal no garantiza los bonos locales ni se usarán fondos federales para subsidiar deudas de la isla.

Algunos municipios han presentado acciones en los tribunales contra el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Junta y el gobierno. Los municipios acusan al BGF de desviar sus depósitos y además atacan los acuerdos de reajuste de deudas con bonistas principales del BGF, alegando incautación ilegal de sus fondos y depósitos.

El caso del senador Eduardo Bhatia Gautier, que trata con el acceso público a información usada para preparar presupuestos anuales y el Plan Fiscal bajo PROMESA fue devuelto a los tribunales locales. La jueza Laura Taylor Swain, quien preside en los casos de PROMESA aquí decidió que la controversia sobre acceso a la información se debe resolver en los tribunales locales.

Un juez del distrito federal de Boston, William G. Young, emitió otra decisión muy sensitiva, paralizando una reclamación de honorarios contra el gobierno de Puerto Rico bajo la ley federal conocida como Individuals With Disability Educational Improvement Act o “IDEA”. En Beauchamp v. Dep. of Education of P.R., el juez Young decide que PROMESA impide el cobro de honorarios legales contra el gobierno de Puerto Rico, aunque expresa su incomodidad por tener que negar el beneficio de IDEA en forma completa a los niños localizados en Puerto Rico. El juez menciona que el argumento sobre discrimen y violación a la cláusula de igual protección de las leyes no se presentó en este proceso, pero que dicho ataque constitucional a PROMESA debe venir en litigios futuros.

Otros pleitos tratan con los conflictos entre bonistas de La Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA) y obligaciones generales y las garantías que dicen tener los tenedores de bonos de Retiro. Asuntos esenciales al reajuste de la deuda de Puerto Rico y que fueronreferidos a mediación.

También se espera un litigio “amistoso” entre el gobierno y la Junta sobre el recorte de jornada y bonos bajo la sección 205 de PROMESA. Será interesante ver si la jueza Swain remite este pleito a mediación o lo refiere a las cortes locales.

La sección 304(b) de PROMESA permite al tribunal desestimar casos de Título III luego de pasar 120 días desde la radicación. Se espera que, al finalizar dicho término en octubre, el tribunal reciba múltiples peticiones de desestimación por parte de acreedores basadas en incumplimiento con la sección 206 de PROMESA, incluyendo: la falta de buena fe en la negociación, ausencia de estados auditados y fallas en la certificación del Plan Fiscal. Todos estos litigios retrasarán la resolución de la crisis de la isla.

La jueza Swain ha expresado claramente que la crisis de Puerto Rico no se resuelve con más litigios sino por negociación voluntaria. Las partes, incluso el gobierno, la Junta y los principales grupos de inversionistas no han entendido su mensaje. Quizás sus actitudes cambien cuando el tribunal comience a decidir en su contra algunos de los litigios que llevan varios meses madurando.

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