Gerardo A. Carlo-Altieri

Tribuna Invitada

Por Gerardo A. Carlo-Altieri
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Lo bueno, lo malo y lo feo

Las controversias prehuracán sobre la reducción en la jornada laboral y los bonos de Navidad parecen un cuento de hadas en comparación con las peleas recientes sobre el alcance de los poderes de la Junta de Supervisión Fiscal creada bajo la Ley PROMESA.

Ha quedado claro en las vistas ante la jueza Laura Taylor Swain que la Junta y el gobierno se quitaron los guantes y que el primer golpe lo recibió la Junta. Algunos predicen que solo el Congreso puede revivir la Junta luego que la jueza Swain decidió negar su petición para el nombramiento de un súper síndico para administrar la Autoridad de Energía Eléctrica. La jueza decidió que la Junta no sustituye al gobierno de Puerto Rico en la administración de sus agencias. Según Swain, el Congreso pudo haber utilizado sus poderes absolutos sobre el territorio para imponer una junta de “control” con poderes sobreimpuestos al gobierno de Puerto Rico, pero no lo hizo.

Quizás el Congreso pensó que una mera Junta de “supervisión” era suficiente, ya que los bonistas entrarían en acuerdos voluntarios bajo el Título VI para evitar una modificación de sus obligaciones por un tribunal. Pero la historia los traicionó. El incentivo de evitar un proceso judicial no fue suficiente para estimular a bonistas con $74 mil millones en deudas a recortar sus créditos voluntariamente. En esta etapa, el tribunal insiste en que la solución a la quiebra de Puerto Rico radica en la mediación que lleva a cabo el comité de jueces dirigido por la jueza Barbara Houser.

El Congreso ahora tiene que decidir si concede la petición del gobernador Ricardo Rosselló de alrededor de $90 mil millones para reconstruir la isla y sobre el reclamo de poderes más amplios que hizo la Junta. El Congreso parece inclinarse hacia una solución híbrida, creando una fórmula de salvamento del territorio, pero depositando el poder para manejar estos fondos en un ente controlado por el Congreso, que podría ser la Junta.

La otra controversia sobre el tapete es el reclamo ciudadano de una auditoría de la deuda que ayude a limpiar el ambiente dantesco de las finanzas gubernamentales pasadas. La bandera de la auditoría la recogió con tesón el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC), el cual solicitó al tribunal un descubrimiento de prueba extenso contra entidades bancarias y casas de corretaje que se beneficiaron de las emisiones de bonos durante los últimos treinta años.

Sorpresivamente, en cuanto a este descubrimiento de prueba, vemos a la Junta y al gobierno cogidos de manos objetando dicha investigación. La Junta, luego de ser notificada sobre la petición de discovery del UCC, decidió nombrar a un “investigador independiente” para revisar las emisiones de bonos pasadas. Dicha investigación no constituye una auditoría integral de la deuda como se concibe en el reclamo ciudadano, pero resulta menos ofensiva a la Junta y al gobierno local.

El asunto se litigó en una vista ante la magistrada Judith Dein del Distrito de Massachusetts. En una solución salomónica, la magistrada expresó que el comité UCC debe canalizar su petición por medio del investigador nombrado por la Junta. Por ahora el asunto ha sido pospuesto, pero será difícil que la Junta y el comité UCC puedan encontrar un camino común. La jueza Swain continúa exigiendo a la Junta y al gobierno un grado idealizado de cooperación que parece caer en oídos sordos. El asunto del discovery solicitado por el UCC terminará de nuevo ante el tribunal, ya que las expectativas del UCC son más amplias que las labores limitadas asignadas al investigador de la Junta.

Además, los intereses del UCC no están alineados con la Junta y sus miembros individuales acusados de conflicto. El UCC tiene entre su membresía a dos uniones nacionales que favorecen una investigación extensa a los bancos. Esto traerá conflictos entre Junta, gobierno y comité UCC. Al final, el UCC interesa desprestigiar las preferencias de los acreedores asegurados (General Obligations y Cofinas) con tal de conseguir un dividendo mayor para sus representantes (acreedores no asegurados) y responsabilizar a los bancos por parte de la deuda. Esto es, si logran conseguir que se clasifique la misma como deuda “ilegítima”. Lo único que falta es la música de Morricone para convertir este espectáculo en un “Spaghetti Western” criollo.

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