Juan Lara

Tribuna Invitada

Por Juan Lara
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Lo nuevo del Plan Fiscal

El pasado martes se certificó lo que debería ser la versión final del Plan Fiscal para los próximos cinco años. En las áreas principales en las que hay desacuerdo entre el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal, el nuevo plan básicamente reitera las demandas ya presentadas por la Junta en versiones anteriores. Tampoco hay novedad en lo que respecta a las reformas estructurales que los siete miembros de la Junta consideran indispensables para la recuperación económica de Puerto Rico en el largo plazo.

Sin embargo, el nuevo plan no es simplemente una revisión cosmética de los anteriores; contiene innovaciones importantes. La novedad más grande es la revisión de las proyecciones de crecimiento económico. La otra, relacionada con la primera, es que ahora se incorpora la expectativa de que lleguen a la isla $82,000 millones en fondos para la reconstrucción a lo largo de diez años.

En la versión anterior del plan fiscal, la Junta y sus asesores proyectaban un crecimiento anual promedio de 1.5 por ciento en los cinco años fiscales entre el 2019 y el 2023. Ahora, la proyección es de un crecimiento promedio anual de 3.9 por ciento; más del doble de la anterior. El contraste es más marcado aún si se mira el crecimiento total acumulado en los cinco años: en la versión anterior del plan, para el año fiscal 2023 la economía sería 7.6 por ciento más grande que en el año fiscal 2018. En la nueva versión, el aumento proyectado para el período es de 20.8 por ciento.

A riesgo de cansar con la repetición, hay que subrayar que ésta no es una revisión trivial. Sus implicaciones tampoco son triviales. En el análisis económico del plan fiscal, el crecimiento de la economía afecta directamente los recaudos proyectados de Hacienda y, por lo tanto, influye directamente en el estimado de cuánto podemos pagar de intereses y principal en la deuda pública. Al presentarse un estimado más optimista de crecimiento, se está presentando también una capacidad de repago más alta en comparación con los estimados anteriores.

Es importante el hecho de que esta revisión de la capacidad implícita de servicio de la deuda ocurre cuando ya se han anunciado tres acuerdos preliminares con los bonistas que cubren casi la mitad de toda la deuda pública (Cofina, AEE y BGF). Como se sabe, esos tres acuerdos proponen recortes en la deuda de alrededor de 30 por ciento, lo cual muchos analistas consideran insuficiente. Recientemente, uno de los arquitectos principales de la Ley Promesa, el exconsejero del Secretario del Tesoro, Antonio Weiss, publicó una columna con otros dos analistas precisamente dando la voz de alerta sobre el riesgo de que se renegocie la deuda en condiciones demasiado favorables para los bonistas que superen la verdadera capacidad de repago de nuestra economía.

Una de las piezas más importantes del plan debería ser el análisis de sostenibilidad de deuda. Esto está en el documento, pero no con el detalle y la precisión que el tema requiere dada su centralidad para la superación definitiva de la crisis fiscal en el largo plazo. Es previsible que la discusión del plan en las próximas semanas se concentrará en lo que más toca de inmediato a la ciudadanía (el bono y las pensiones), pero el logro de un arreglo sostenible para la deuda es igual de importante.

Tanto en el corto como en el largo plazo, un dólar que se destine a los bonistas es un dólar que no estará para las pensiones. La renegociación de la deuda y la reforma de las pensiones son dos caras de una misma moneda, y no debe ocurrir que dentro de diez o 15 años encontremos que no podemos cumplir con ninguna de las dos obligaciones.

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