Irene Garzón Fernández

DE PRIMERA MANO

Por Irene Garzón Fernández
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Lo preocupante es el contenido del “chat”

La esencia no está en buscar quién “choteó”, sino en llegar al fondo de la denuncia de un “chat” que involucra a funcionarios de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y que le costó a Rafael Ramos Sáenz el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y posiblemente su posición de juez.

Eso es lo que tiene que meterse en la cabeza la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, que hasta ahora está más interesada en la forma que en el contenido de la denuncia del senador popular Aníbal José Torres. En respuesta a la insistencia de Vázquez en conocer quién le dio la información, Torres ha reclamado inmunidad legislativa.

El senador presentó prueba fehaciente del intercambio irregular, y posiblemente ilegal, de instrucciones dadas en un “chat” de WhatsApp al entonces juez municipal Ramos Sáenz como presidente de la junta local de Moca de la CEE en las elecciones de 2016. En el “chat” participaron también varios miembros de la campaña de Rosselló Nevares como candidato del Partido Nuevo Progresista a la gobernación.

Ese es el meollo del escándalo, no quién le entregó al senador Torres la prueba que el legislador dio a conocer públicamente y que desató varias investigaciones y acciones contra el ahora suspendido juez, que había sido ascendido al Tribunal Superior en diciembre por el gobernador Rosselló Nevares. De todos modos, Torres ya dijo que obtuvo la información de un miembro del PNP al que no identificó.

La citación de Justicia al senador Torres trajo a la discusión el concepto de inmunidad legislativa contenido en la Sección 14 del Artículo III de la Constitución y ratificado por los tribunales durante la investigación senatorial del caso del Cerro Maravilla en la década del ochenta del siglo pasado.

Aquella investigación puso de manifiesto que, además de la inmunidad constitucional que tienen los legisladores en sus expresiones en el hemiciclo y en comisiones legislativas, existe la inmunidad al informar sobre asuntos públicos, con evidencia, sin importar el foro en el que se dé a conocer la información.

La pesquisa senatorial de Maravilla también consignó, a través de los tribunales, el poder de investigar que tiene la Asamblea Legislativa y la potestad de conceder inmunidad a testigos en el curso de una investigación abierta por esa rama.

Dos de los funcionarios involucrados en el “chat” pidieron a la Comisión senatorial sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, a cargo de la pesquisa abierta por el Senado, no comparecer hasta que el Departamento de Justicia y la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) finalicen sus respectivas pesquisas.

Se trata del secretario de la Gobernación, William Villafañe, aludido aunque aparentemente no participante directo del “chat”, y la subsecretaria de la Gobernación, Itza García, quien sí participa directamente. Otra citada, la jefa de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Waleska Maldonado, solicitó al Senado 20 días calendario para informar cuándo podría comparecer.

El contenido del “chat” denunciado por el senador Torres es más que suficiente para cualquier pesquisa de cualquiera de las tres ramas de gobierno. De hecho, a base de eso, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, suspendió a Ramos Sáenz de sus funciones como juez superior y ordenó también una investigación de la OAT que podría costarle el cargo al magistrado.

Ramos Sáenz se vio obligado a renunciar a la presidencia de la CEE apenas 16 días después de asumir el cargo a causa de la denuncia de Torres.

La secretaria de Justicia debe dirigir su investigación hacia lo verdaderamente preocupante, que es el contenido de la denuncia y las posibles violaciones a las leyes de Ética y Electoral que están implícitas, en lugar de enfocarse en perseguir al mensajero.

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