Héctor Luis Acevedo

Punto de Vista

Por Héctor Luis Acevedo
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Los árbitros de la democracia

En el libro, acabado de publicar, sobre cómo mueren las democracias, los profesores de Harvard, Levitzki y Ziblatt, señalan que uno de los primeros síntomas de peligro es el dominio por el gobierno de los árbitros. O sea, los organismos electorales y la judicatura.

Es por ello que se necesita especial celo y cuidado sobre la defensa de los árbitros pues de ellos depende la integridad y el respeto de la ciudadanía para dilucidar las diferencias por las urnas y respetar las decisiones de los tribunales.

En diciembre de 2017, el gobernador Ricardo Rosselló ascendió a un juez municipal a juez superior, luego de varios años de servicio en la judicatura. El Senado, luego de las investigaciones correspondientes, confirmó por unanimidad ese nombramiento.

Cuando el gobernador, resistiendo nominaciones públicas y presiones internas nominó al juez Rafael Ramos Sáenz para presidir a Comisión Estatal de Elecciones, en ese momento me alegré mucho. Corta fue mi alegría, pues luego de ser confirmado por unanimidad de los comisionados electorales salieron a la luz unos mensajes electrónicos revelando una activa participación de su persona en la campaña política incluyendo pidiendo instrucciones sobre asuntos bajo su consideración como presidente de la Comisión Local de Elecciones.

Nuestra Constitución, en su artículo V sección 12, expresamente prohíbe a los jueces participar en campañas políticas de clase alguna.

Luego de lo experimentado en las elecciones de 1980, durante los trabajos de la Comisión de Reforma Electoral de 1982 discutimos intensamente las alternativas del nombramiento del presidente del organismo electoral. Los delegados del PNP, Peter Krysanowski, del PIP, David Noriega y este servidor por el PPD, acordamos recomendar que se designara a los presidentes por un consenso de los participantes en los procesos electorales y que las enmiendas a la ley electoral fueran asimismo acordadas.

Contrario a lo que muchos pensaban, eso se ha logrado y el país ha defendido con orgullo su sistema electoral, ganando unos y perdiendo otros, pero siempre triunfando la voluntad del elector.

Comenzando con César Vázquez Díaz, miembro del PNP, la Comisión ha tenido en términos generales presidentes de alta integridad y profesionalismo. Habiendo participado en cinco comisiones y juntas de redistribución electoral que han informado por unanimidad, puedo decir con convicción que lo importante no es que se tengan diferencias, sino que las personas envueltas tengan principios y palabra.

Con los años, la Legislatura y los gobernadores fueron tratando la ley electoral como otra ley más enmendándola con prestancia partidista. Bajaron el requisito de confirmación legislativa de tres cuartas partes, lo que requería el apoyo de más de un partido, a mayoría lo cual invita la acción unilateral.

¿Cómo se llegó a decidir este nombramiento, quiénes sabían de la participación política del juez? ¿Lo sabía el gobernador? ¿Por qué nadie se enteró a tiempo para impedirlo? ¿Alguien cree que destruyendo instituciones y la fe en la democracia se adelanta alguna causa o ideal?

Este caso atenta contra dos de nuestros valores fundamentales, la limpieza del árbitro electoral y la independencia judicial. Se ha dicho con razón que la esencia de la democracia es el voto limpio y que la esencia de la libertad es el juez imparcial.

Hay que regresar a tratar las leyes electorales y sus nombramientos críticos por consenso y asegurarle al país que sus mejores y más íntegros servidores asumen las más altas responsabilidades como árbitros de la democracia.

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