Maritza Luna

Punto de vista

Por Maritza Luna
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Los confinados también merecen ser protegidos

La población penal de Puerto Rico está siendo olvidada por el gobierno ante la grave crisis y el peligro que representa el contagio del coronavirus en la isla. 

Temprano en el mes de enero, comenzaron a llegar noticias de que en la ciudad de Wuhan, en China, había comenzado a propagarse un nuevo virus llamado COVID-19. El entonces secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, manifestó que “como Puerto Rico no recibe vuelos directos de china, el virus no llegaría a la isla”. Llegó a la Isla a pesar de lo planteado por el funcionario, y el 15 de marzo, la gobernadora Wanda Vázquez decretó un toque de queda y el cierre parcial de los comercios para prevenir el contagio. 

El Colegio de Abogados y Abogadas, entre otras organizaciones, ha solicitado al gobierno, con urgencia, que se adopten medidas salubristas para prevenir la propagación del COVID-19 entre la población penal. El 17 de abril de 2020, el Departamento de Corrección confirmó el primer caso positivo de una empleada.

Mi trabajo como abogada en la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) es principalmente darle servicios legales a los confinados. Por eso, conozco de primera mano la situación que vive la población penal dentro de las diferentes instituciones carcelarias del país. Por ejemplo, para recibir servicios médicos dentro de las instituciones penales, un confinado debe solicitarlo a través del “sick call” a un guardia correccional, y así es trasladado al área médica. En ocasiones, tiene que esperar más de 24 horas para el traslado, aun tratándose de una emergencia. Cuando se cuestiona el retraso del traslado al área médica, la respuesta suele ser debido a falta de personal. 

Sabemos que el presupuesto de la agencia ha sido seriamente afectado por la Junta de Control Fiscal, pero esa falta de personal hace que nuestra preocupación por el bienestar de los confinados y los empleados que laboran en las instituciones penales sea mayor en la crisis que enfrentamos. 

La gobernadora y el secretario de Corrección y Rehabilitación, Eduardo Rivera Juanatey, tienen en sus manos los recursos para evitar un caos dentro de las cárceles del país. Corresponde a ellos tomar todas las medidas necesarias para evitar una epidemia entre la población penal y los empleados que prestan servicios en las instalaciones carcelarias. 

Es imprescindible que se identifiquen de inmediato aquellos confinados más vulnerables por sus condiciones médicas, edad, etc., y se tomen las medidas adecuadas para protegerlos del contagio con este virus. Debe evaluarse cada caso y considerarse la excarcelación de aquellos que estén próximos a cumplir sentencia o enviar a cumplir en restricción domiciliaria a presos de custodia mínima, en ambos casos, siempre que no representen un peligro para la sociedad y tengan un lugar adecuado para vivir. Para aquellos vulnerables que no puedan ser excarcelados debe considerarse el aislamiento.  Esta es una situación de vida o muerte.

Es necesario también que la agencia le supla a los empleados de custodia, que entran y salen todos los días de las diferentes instituciones del país, el equipo necesario de protección para evitar el contagio entre ellos y hacia los confinados. Tienen que garantizar los artículos de higiene personal y limpieza a todos los confinados, dado que las visitas de familiares están suspendidas, y son estos quienes suelen suplirles ese tipo de artículos. 

La escasa información que se conoce sobre el plan de Corrección para atender esta emergencia dentro de las instituciones penales crea ansiedad, no tan solo en los confinados, sino también en las familias, que no tienen manera de comunicarse para obtener noticias de sus seres queridos. 

La responsabilidad del Estado de proteger a los confinados en esta pandemia es un compromiso ineludible. Ese deber está avalado por la Constitución de Puerto Rico, los derechos humanos, y sobre todo, es un requerimiento moral y humanitario protegerlos del contagio. 

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