Leo Aldridge

Punto de Vista

Por Leo Aldridge
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Los cooperadores en juicios criminales

La gobernadora Wanda Vázquez recientemente le otorgó una poderosa pero peligrosa arma a los fiscales del Departamento de Justicia, al proveerles mediante legislación mayor discreción para recomendar sentencias más lenitivas a quienes, luego de cometer un delito, deciden voltearse y declarar a favor del Estado y en contra de sus cómplices.

En el argot legal, se les llama a estas personas testigos cooperadores. En el argot de la calle, se les llama “chotas”.

Por mucho tiempo, la ley proveía para que los fiscales solo pudieran recomendar el 50% de la pena a un cooperador que les hubiese ayudado a probar un caso contra un tercero. Es decir, si el individuo enfrentaba una pena de 20 años de cárcel, el fiscal podía – bajo el estado de Derecho previo – recomendar no menos de 10 años de presidio para un testigo cooperador.

Ahora los fiscales en Puerto Rico, al igual que sus contrapartes federales, tendrán mayor discreción para recomendarle a los tribunales sentencias que conlleven menos tiempo de cárcel a quienes los hayan ayudado. Se trata de una herramienta legal del ministerio público para obtener prueba que de otra manera se le haría difícil conseguir. La Corte Suprema federal reconoció tan temprano como 1967 que “el informante es parte de la armadura de defensa de una sociedad”.

La enmienda a la Regla de Procedimiento Criminal 185 que la gobernadora convirtió en ley representa un aliciente y un incentivo para que quien haya delinquido considere seriamente buscar la salvación individual y declarar a favor de fiscalía y en contra de sus compinches. En esa carrera hacia la salvación individual, sin embargo, hay que tener las reglas bien claras porque es muy fácil descarrilarse.

La Corte Suprema federal, en 2004, reconoció “los serios problemas de credibilidad que representan los cooperadores. Por ello hemos permitido mucha flexibilidad para que la defensa examine la credibilidad de estos testigos a través del contrainterrogatorio, y recomendamos que el jurado determine el asunto de credibilidad con instrucciones cuidadosas al respecto”.

Muchos individuos, impulsados por interés propio, se sentirán motivados a hablar de lo que saben y de lo que no también. El peligro es que alguien minimice su participación delictiva, exagere la de otro o incluso implique a algún inocente con tal de evitar un castigo mayor. Por ello, el Departamento de Justicia necesitará emplear muchísimo rigor al determinar si le dan credibilidad a alguien que admite haber participado de un crimen y que ahora declara contra otros, no por razones altruistas, sino porque se quiere salvar el pellejo.

El nuevo ordenamiento les da a los fiscales la potestad, que el legislador antes retenía exclusivamente, de decidir en términos prácticos cuál será la pena para alguien por cometer un delito. Asimismo, les da a los fiscales una flexibilidad en la sentencia que ni tan siquiera el tribunal posee. Ese cambio de poder del legislativo al ejecutivo es inmenso y requerirá, más que nunca, de un compromiso inquebrantable del Departamento de Justicia en la búsqueda de la verdad.

La mayor discreción que tendrán ahora los fiscales para recomendar sentencias más bajas para los cooperadores surge en momentos en que la Corte Suprema federal resolvió que toda convicción deberá ser mediante votación unánime del jurado. El Tribunal Supremo en Puerto Rico confirmó que la normativa es extensiva al territorio. Anteriormente, y debido a legislación discriminatoria contra los negros en Luisiana y los independentistas en Puerto Rico, se permitían convicciones sin unanimidad que todavía algunos, lamentablemente, defienden. La normativa de unanimidad pronto podría ser retroactiva tras la aprobación en el Senado, en votación 27-0, de una medida legislativa y la aprobación ayer de otra similar que atendió la Cámara.

La gobernadora fue bastante franca al indicar, en su anuncio sobre los cooperadores, que la mayor discreción para los fiscales responde esencialmente al nuevo marco legal en el que tendrán que operar. Pero el uso de criminales reconocidos para implicar a otros es una herramienta tan poderosa como peligrosa y, por ello, debe usarse con pinzas y siempre con una gran dosis de escepticismo.

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