Carmen Dolores Hernández

Tribuna Invitada

Por Carmen Dolores Hernández
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Los de arriba y los de abajo

El principio de la gravedad —lo que está arriba, baja— podría aplicarse también a los asuntos económicos. Si hay una crisis, si tenemos que pagar una deuda (o nos exigen pagarla), si el país está en ruinas, si hay que buscar dinero a como dé lugar, ¿por qué no empezar con reformas y economías en el funcionamiento mismo del gobierno, donde hay tanta tela por donde cortar? ¿Por qué empezar afectando a los más débiles económicamente hablando?

Todos sabemos que los sucesivos gobiernos han despilfarrado miles de millones que no se usaron para mejorar las vidas de los ciudadanos atendiendo a la infraestructura del país, la calidad de la salud o el mejoramiento de la enseñanza sino para iniciar proyectos quiméricos que no han funcionado bien y otros innecesarios que duplican instituciones existentes. Aún otros, de corte populista, aseguran votos, pero no resuelven problemas. Mucho se ha gastado en contratos de dudosa legalidad, en asesores, abogados o sencillamente en caprichos de los gobernantes de turno. También en sueldos y prebendas extravagantes para los de arriba, sin mencionar siquiera lo que se han robado y se roban a diario los funcionarios corruptos a quienes se les debería procesar como los criminales que son.

La poca solidaridad del gobierno con los gobernados que sufren carestías de todo tipo, su falta básica de habilidad administrativa se manifiesta en la desigualdad con que se plantean las soluciones a los problemas financieros. Su primera respuesta es cortar beneficios y pensiones, restringir los servicios públicos y contratar aún más asesores y funcionarios —muchos de afuera— con sueldos que harían palidecer de envidia a un pachá.

No se oye que, con igual ahínco, los de arriba se apliquen a sí mismos la medicina amarga. No se sabe de iniciativas para cortar asesores, rebajar el monto de contratos innecesarios -o dejarlos sin efecto- o para consolidar las cámaras legislativas (un mandato del pueblo). Las dependencias oficiales, empezando por La Fortaleza, se siguen redecorando; se siguen pagando sumas poco razonables por servicios que no los valen; se siguen proponiendo proyectos redundantes o frívolos sin proveer por su mantenimiento. Nadie quiere arreglárselas con lo que hay en un país que es -indudablemente- pobre. Nadie habla de rebajar las pensiones extraordinarias de exgobernadores y jueces del Supremo. Nada de eso parece ser una opción.

Un buen gobierno hubiera declarado, después de María, una moratoria firme sobre gastos y proyectos, buscando el bienestar del país más que la reelección. Hubiera instituido, además, algún mecanismo para juzgar la pertinencia de los dispendios presentados como urgentes. Necesitábamos, entonces y ahora, más acciones positivas y eficaces y menos palabras huecas y altisonantes.

El mal ejemplo desmoraliza; el buen ejemplo inspira. Nadie puede acoger bien las medidas de economía o austeridad silos de arriba siguen con gastos -y robos- alegres. ¿Con qué cara se les escatima a los maestros sus pensiones si se trae de afuera a una Secretaria de Educación ganando un sueldo astronómico? ¿Cómo pedirle sacrificios a quien trabaja por un sueldo exiguo si ve cómo ganan -y gastan- sus jefes? ¿Cómo quedarse conforme viendo que el impulso de la reconstrucción descansa en abrirles las puertas a millonarios estadounidenses sin que se estructure una política de estímulo a las inversiones internas? También eso es corrupción, aunque se disfrace de administración. La pobreza conceptual administrativa del gobierno actual mete más miedo que las ráfagas de María.

Necesitamos un gobierno que responda, dando ejemplo de rectitud, de austeridad en sus gastos y de buen juicio, a las circunstancias económicas actuales y que tenga el coraje de reformarse a sí antes de pedirles sacrificios a los demás.

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