Hedy I. Nieves Crespo

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Por Hedy I. Nieves Crespo
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Los derechos de los menores

Hedy I. Nieves Crespo

Estudiante de Derecho

El sistema legal de Puerto Rico reconoce a menores la capacidad para realizar determinados actos con consecuencia jurídicas importantes.

Así, por ejemplo, un menor de 10 años tiene capacidad para consentir su propia adopción; un menor de 14 años puede otorgar determinados testamentos; un menor de 16 años puede conducir un vehículo de motor; un menor de 18 años puede votar e ingresar al servicio militar; entre otros derechos.

En el ámbito de la salud sexual y reproductiva, una menor tiene derecho a tener acceso a métodos anticonceptivos de emergencia sin receta (por ejemplo, “Plan B”). Si se trata de una menor embarazada, se le reconoce el derecho, a cualquier edad, a recibir tratamiento pre y post natal. Si tiene 16 años o más se le reconoce capacidad para consentir a tener relaciones sexuales.

Igualmente, una joven menor de edad tiene el derecho de elegir terminar su embarazo sin necesidad del consentimiento de sus padres o tutor legal. Así lo ha reiterado tanto el Tribunal Federal (Primer Circuito) como el Tribunal Supremo de Puerto Rico (Pueblo v. Duarte) al determinar que los padres no pueden tener un veto absoluto con respecto a la decisión de una menor de abortar.

Recientemente, la senadora Nayda Venegas sometió el Proyecto del Senado 950 que, entre otros objetivos, procura cambiar la normativa referente al derecho de las mujeres a terminar sus embarazos. El referido proyecto legislativo propone la creación de delitos, la imposición de penas y la restricción sustancial de derechos a las mujeres. Entre los múltiples artículos que contiene este Proyecto, el artículo 10 (“Aborto en menores”) incide directamente sobre los derechos de las jóvenes a decidir sobre sus vidas, salud y cuerpo.

La aprobación de este artículo establecería una nueva norma: una mujer joven necesitará el consentimiento de otra persona al momento de decidir culminar un embarazo. La otra opción que tendría la joven sería acudir ante un juez a solicitar la terminación del embarazo, con lo oneroso que ello resultaría y las implicaciones que tendría.

La propuesta me parece claramente inconstitucional ya que constituye una violación del derecho a la intimidad de las menores de edad. Algunos tribunales de otras jurisdicciones norteamericanas se han enfrentado a esta controversia y han invalidado restricciones similares. Habrá que revisar este proyecto detenidamente y estar vigilantes a las repercusiones sociales que podrían tener los cambios significativos que propone.

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