Umberto Donato

Punto de vista

Por Umberto Donato
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Los efectos del remedio no pueden ser peores que la enfermedad

En 35 días muy poco se ha discutido públicamente sobre cómo retomaremos la actividad económica del país. Excluyendo el insumo del sector privado en sus planes, el gobierno de Puerto Rico ha optado por manejar la crisis sin un plan para reactivar la economía. 

Mientras la mayoría de nosotros permanecemos en nuestras casas conectados a un suero temporero de ayudas económicas para mitigar el “shock” inicial del desastre, el gobierno falla en atender con sentido de urgencia el peligro a largo plazo que representa una potencial catástrofe económica nunca antes vista. Al no discutir cómo encontrar un balance entre la salud pública y la economía, el gobierno atenta contra la salud y seguridad del pueblo.

Hace semanas, el Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales de América (AGCPR), como principal representante de la industria de la construcción en la isla, hizo un llamado público a comenzar la discusión de cómo y cuándo retomaríamos la actividad económica -en específico la construcción- ante nuestra nueva realidad. Desde el primer momento, la empresa privada presentó la necesidad de desarrollar y establecer un plan que le permitiera a los negocios retomar operaciones de manera organizada y gradual haciendo un balance justo entre la salud de sus trabajadores y la de nuestra economía. Sin embargo, aún con las recomendaciones de un “Task Force” Económico creado con este propósito, los pedidos del sector privado aparentan haber caído en oídos sordos.

No podemos pretender apagar y prender la economía como un “switch” de luz. Por tal razón, el AGC presentó ante el “Task Force” Económico un plan en dos fases para la reactivación del sector de la construcción. Primero, una etapa administrativa (preparación y adiestramiento) de dos semanas, comenzando a la mayor brevedad tras un aviso público. Durante este periodo también recomendamos la reapertura gradual de los integrantes de la cadena de suplido de materiales y servicios de construcción en preparación a una apertura completa simultáneamente con las obras de construcción. 

La segunda etapa daría comienzo a las actividades de construcción en pleno. Dicha reactivación se daría en sectores y subsectores de infraestructura critica esencial, según definidos en las guías emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional y la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA). 

Actualmente aparentaría existir un consenso entre el gobierno y el sector privado. Sin embargo, eso no es correcto. El sector privado no apoya la paralización completa de la economía hasta mayo, porque los daños serán enormes. Por más programas de rescate y asistencia para mitigar el impacto, serán cientos los negocios que cerrarán y decenas de miles las personas que quedarán desempleadas y sin fuentes de ingreso cuando los beneficios y fondos para ayudas se agoten. Conconsecuencias graves, el gobierno ha pospuesto la conversación para establecer un plan de recuperación balanceado, fundamentado en la aceptación de que las necesidades de salud y económicas son dos dimensiones de un mismo problema.

AGCPR está sumamente preocupada por la falta de acción ante las inquietudes y sugerencias del sector privado. Mantener al pueblo hipnotizado y resistir dar pasos afirmativos para adaptarnos a la nueva realidad del COVID-19 nos hace un daño grande e irreparable. Los efectos secundarios del remedio no pueden ser peor que la enfermedad. Es hora de pensar cómo los jefes de familia llevarán el sustento a sus hogares una vez termine la pandemia.  

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