Ana Lydia Vega

A Cuatro Ojos

Por Ana Lydia Vega
💬 0

Los expoliados de la crisis

Los empleados públicos se han convertido, de buenas a primeras, en chivos expiatorios del robo, del despilfarro y de la ineptitud de nuestras claques dirigentes. Como si no bastara esa dudosa distinción, también son rehenes del toma y dame político entre las autoridades coloniales y federales. El asalto despiadado a los sistemas de retiro evidencia el trágico expolio de derechos que han sufrido los trabajadores puertorriqueños en nombre del pago de la deuda.

Expolio, sí, ¿qué mejor término para definir la apropiación violenta e injusta de un bien ajeno? El vocabulario de camuflaje prefiere sustituirlo por “ajustes”, que suena más tecnológico y menos abusivo. Se habla de “beneficios” y no de derechos. Pero ni los planes médicos, ni las licencias por enfermedad, ni las escasas vacaciones ni las magras pensiones son privilegios accesorios. Son avances históricos obtenidos a fuerza de negociaciones colectivas y luchas sindicales.

Claro que no faltan los favores mal habidos como las famosas pensiones Cadillac de cocorocos estatales y municipales. Sin embargo, la gran masa de servidores responsables rinde su tarea por salarios de miseria y bajo condiciones de trabajo agobiantes. No hay más que pensar en los maestros, los bomberos y los policías, especies gremiales en vías de emigración, por no decir de extinción. Sin olvidar al menguante personal de oficina que salvaguarda, mal que bien, la continuidad de las instituciones.

Por suerte, la pandilla depredadora dedicada en cuerpo y alma al guiso descarado compone una minoría (si bien rotativa y persistente). A su voracidad y sus fechorías se debe, en alguna medida, el prejuicio que tilda a los empleados gubernamentales de vagos y vividores. Ese perfil calumnioso explica la mezcla de rabia y de envidia con que se descalifican sus reivindicaciones y se cuestionan sus logros. De paso, sirve de coartada a la insensibilidad de quienes los despojan de sus merecimientos.

En un país donde la industria privada nunca ha podido garantizar empleo masivo, el gobierno y el exilio han representado las opciones salvadoras. Pese a las dificultades del reclutamiento y al poco atractivo de la oferta remunerativa, la posibilidad de una modesta pensión para asegurar una vejez decorosa ha motivado a muchos a buscar plaza en las agencias oficiales. Ese incentivo se ha ido desvaneciendo con las sucesivas medidas de austeridad que la anterior y la actual administración han implantado y extendido.

Así las cosas, los participantes activos de los sistemas de retiro, aquellos que aún contribuyen al fondo de pensiones, han visto retroceder la edad de su jubilación. El famoso plan de “aportaciones definidas” que se les ha encajado sin su consentimiento no es sino la eliminación de las obligaciones patronales y el abandono brutal del empleado a su propia suerte.

Los pensionados, por su parte, no cobran desde hace más de una década el 3% trienal correspondiente al aumento en el costo de vida, lo que equivale a la congelación de su limitado estipendio. Los tan criticados bonos de medicamentos, verano y Navidad ya se han reducido o suprimido en su totalidad. Con semejantes “ajustes”, la sobrevivencia económica de los trabajadores de la tercera edad resulta cada vez más precaria y azarosa.

Importante no perder de vista un hecho fundamental: la pensión no es ni una limosna ni una prebenda. Quien la recibe pagó por ella, no solo con su esfuerzo laboral sino con una porción considerable de su salario a través de largos años. Al inicio de su carrera, firmó un contrato que incluía la promesa del retiro y se le asignó una deducción mensual forzosa a esos efectos. No se trata pues de un mero “acreedor no asegurado” del gobierno. Aquí hay un compromiso contractual que exige respeto y cumplimiento. Si las controversiales escoltas de los exgobernadores fueron declaradas derechos adquiridos por un tribunal, con mayor razón la jubilación de los empleados del pueblo de Puerto Rico amerita igual reconocimiento.

La Junta de Control Fiscal ha adelantado una fórmula maquiavélica para un proyectado recorte del 10 al 25 por ciento. La idea es sumar cada pensión a la del Seguro Social a fin de darles cuchilla a aquellas que sobrepasen una cantidad determinada. Esa receta raya en lo absurdo. ¿Cómo pretenden usar en contra nuestra una subvención federal que por ley hemos financiado de nuestro bolsillo? Y más cuando la reciente reforma contributiva del benemérito Mr. Trump acaba de infligirnos un flamante impuesto sobre el Seguro Social por concepto de ingresos suplementarios.

Las redes de protección común se han desgarrado y estamos en caída libre. Entre el temor y la duda, entre la perplejidad y la desconfianza, entre la esperanza y el desaliento, los pensionados actuales y los potenciales están padeciendo el lento suplicio de la incertidumbre.

Mientras tanto, el gobierno de facto y el gobierno de aguaje barajean cifras, manipulan fechas y amañan componendas. Total, qué importan las vidas rotas. No tienen valor de mercado.

Otras columnas de Ana Lydia Vega

domingo, 5 de mayo de 2019

País chiquito

La escritora Ana Lydia Vega comenta la grandeza de nuestro país chiquito

💬Ver 0 comentarios