Zoé Laboy Alvarado

Punto de vista

Por Zoé Laboy Alvarado
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Los federales, ¿“taking over”?

Habiendo trabajado tanto en el gobierno federal como el estatal, sé que cada uno tiene sus pros y sus contras. Una de las características que aventajan al gobierno federal, en comparación con el estatal, es que en el primero todo está escrito, por lo que no hay espacio para la improvisación. Recuerdo que cuando comencé como administradora de Corrección, una de las primeras diferencias que noté respecto a mi trabajo anterior en el sistema correccional federal fue la falta de una descripción detallada de los deberes y responsabilidades de cada empleado. Además, las claras consecuencias de no cumplir con dichas responsabilidades. En el gobierno estatal, a falta de esa descripción clara de deberes, “porque siempre se ha hecho así” era el argumento que escuchaba una y otra vez, para explicar algunas conductas de los empleados.

Casi 20 años después, esa diferencia sigue siendo una realidad. Particularmente la falta de consecuencias por conducta en contra de leyes y reglamentos ha sido una característica que ha impactado negativamente nuestro gobierno. Quizás esa realidad ha sido un factor para mi posición a favor de que, para tener mejores resultados para nuestro pueblo, muchas veces es mejor que “los federales” estén involucrados de alguna forma. Enfatizo: involucrados, no sustituyendo.

Sin embargo, debemos tener cautela de que no sustituyamos el compromiso y excelente ejecutoria de muchos de los que laboran en nuestro gobierno local con servidores que han formado parte o forman parte de ese gobierno federal. De momento, con demasiada frecuencia para mi agrado, vemos cómo “federales” o “exfederales” están involucrados en la operación de asuntos que en primera instancia le corresponden al gobierno de Puerto Rico, en ocasiones por decisión del gobierno federal y, en otras, por decisión del nuestro. 

En mis tiempos como secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación había un monitor federal supervisando la administración y operación del sistema correccional. Hoy tenemos un monitor federal haciendo lo mismo con la Policía de Puerto Rico. Próximamente tendremos uno para el sistema de educación. Tenemos una Junta de Supervisión Fiscal, cuya autoridad no es necesario discutir aquí. Y, a eso, le podemos añadir que recientemente se anunció la designación por parte del gobierno federal de Robert Couch como monitor de los fondos CDBG-DR y al Almirante Peter Brown como coordinador federal entre la Casa Blanca y Puerto Rico para la reconstrucción de nuestra Isla. Por otra parte, la gobernadora Wanda Vázquez nombró un Consejo Asesor para el manejo de los programas federales, integrado en su mayoría por exfederales. 

Para nada estoy sugiriendo que estos nombramientos sean un error. De hecho, todo lo contrario. Felicito a la gobernadora Vázquez por su determinación de crear ese consejo asesor. Sin embargo, parecería que la participación, asesoría, la autoridad para decidir - dependiendo a qué nombramiento se esté refiriendo - por parte de federales o exfederales se ha convertido en la norma y no la excepción.

Como dijera, apoyo la práctica de que federales o exfederales complementen el trabajo de nuestros servidores públicos. Sin embargo, por la cantidad, los temas atendidos y los poderes otorgados a los nombrados, me preocupa esta práctica.

Pudiera dar la impresión de que ninguno de los dos gobiernos confía en que el nuestro lo puede hacer bien. Pudiera dar la impresión de que ni aquí ni allá confían en que haya funcionarios o exfuncionarios del gobierno estatal que se puedan encargar. De todas formas, y aceptando que mucha de esa desconfianza es resultado de esa conducta contra leyes y reglamentos de empleados del gobierno estatal, como puertorriqueña invito a que aprendamos las lecciones de estas experiencias para que en un futuro cercano la impresión no sea que los federales “are taking over”.

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