Jorge Farinacci Fernós

Punto de vista

Por Jorge Farinacci Fernós
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Los federales y los delitos estatales

Recientemente, la gobernadora Wanda Vázquez autorizó, mediante orden ejecutiva, que agentes federales puedan arrestar a personas por la presunta comisión de delitos locales. Además de las dudas que podamos tener sobre la sabiduría de esta decisión, debemos incluir en el análisis el marco jurídico aplicable. 

Precisamente por la interacción de normas federales y locales, no hay una única fuente legal que atienda este asunto. Por el contrario, debemos realizar un ejercicio de rompecabezas. 

A nivel federal, comenzamos con una fuente que, aunque no constituye derecho positivo, se considera de alto valor persuasivo y tiende a ser respetada por los tribunales. Se trata de una Opinión del Office of Legal Counsel del Departamento de Justicia federal.

Según esta, para que un agente federal pueda arrestar a una persona por la presunta comisión de un delito estatal, deben estar presentes varios elementos. Primero, debe tratarse de una emergencia debidamente declarada por el presidente de los Estados Unidos. Segundo, que el poder de arresto debe surgir expresamente de una ley estatal. Es decir, una orden ejecutiva no será suficiente. Tampoco puede tratarse de una autorización implícita. Tercero, que el tipo de delito por el que se arrestaría debe estar relacionado directamente con la emergencia que dio paso a la autorización. Es decir, no puede tratarse de cualquier delito estatal.

Una vez se concluye que, en efecto, el presidente ha declarado la emergencia, corresponde analizar si la ley puertorriqueña expresamente autoriza la intervención. Actualmente la contestación es que no. Ni la Ley de Armas ni la Ley del Departamento de Seguridad Pública contienen una autorización expresa. Por recientemente se presentó una enmienda a las Reglas de Procedimiento Criminal para autorizar el arresto por parte de funcionarios federales. Hasta que dicha enmienda no se apruebe, no hay autorización legal suficiente.

Pero incluso si se aprueba dicha enmienda, aún faltaría el último elemento: que el delito por el cual se interviene esté relacionado a la emergencia. Y es que la ley federal no permite el uso de recursos federales para fines puramente estatales. Tiene que haber una conexión con la normativa federal. En este caso, que esté relacionado con la situación generada por los temblores. Esto implicaría importantes límites geográficos y sustantivos al poder de arresto de los federales.

Entiendo que es un error otorgar este poder. Pero si se va hacer, lo menos que podemos esperar es que se haga legalmente.

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