Gerardo A. Carlo-Altieri

Tribuna Invitada

Por Gerardo A. Carlo-Altieri
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Los frentes de batalla bajo Promesa

Las guerras mundiales producen frentes de batalla donde se desarrollan los conflictos bélicos llamados teatros de guerra. La ley federal conocida como Promesa también ha producido múltiples frentes sobre la resolución de la crisis fiscal de Puerto Rico.

El principal campo de batalla bajo Promesa sigue siendo el tribunal de Título III que preside la jueza Laura Taylor Swain, contando con un grupo de mediación de cinco jueces, dirigido por la jueza Barbara Houser, distinguida jurista quien presidió la asociación de jueces de quiebra de la nación americana.

Sin embargo, el teatro judicial y el foro de la mediación oficial no excluyen otras dos opciones: la negociación bajo el Título VI de Promesa o la negociación privada entre partes.

Un ejemplo de negociación privada ocurrió recientemente cuando se anunció de forma sorpresiva el primer acuerdo entre algunos bonistas de Cofina y grupos de bonistas con obligaciones generales (GO’s).

El acuerdo propuso dividir los dineros depositados en el Bank of New York Mellon (alrededor de $2,500 millones) y recaudos futuros del IVU, en lo que el tribunal decidiría las controversias sobre la legalidad de Cofina y la prioridad de las obligaciones generales.

La transacción fue rechazada inmediatamente por el gobierno y la Junta de Supervisión, quedando el acuerdo inoperante, pero señalando los recortes de la deuda que los bonistas aceptarían.

Días después, la jueza Swain denegó la solicitud de traslado del litigio sobre Cofina al Tribunal Supremo de Puerto Rico, decidiendo que la legalidad de los bonos de Cofina debe decidirse dentro del caso de Título III.

Luego de esto, en la vista del 6 de junio 2018, se anunció un segundo acuerdo preliminar sobre Cofina, pero esta vez fueron los representantes del gobierno y de Cofina quienes pidieron tiempo para negociar con los demás acreedores afectados.

Sin embargo, el comité de acreedores anunció que objetará dicho acuerdo y además, el acuerdo no resuelve las controversias sobre la legalidad de Cofina, la prioridad de las obligaciones generales y las diferencias entre bonistas seniors y subordinados de Cofina.

En esta misma vista se discutió la solicitud del comité oficial de acreedores no asegurados para obligar al gobierno a suplir información sobre posibles conflictos de interés de los Bancos (Banco Popular, Santander), casas de inversiones y asesores, acusados por de enriquecerse en las emisiones de bonos pasadas y que podrían resultar responsables por parte de la deuda.

En la vista del 6 de junio, el representante legal del comité argumentó, que la investigación que pide el comité debe completarse dentro de dos años de radicado el caso para evitar la prescripción de acciones contra los responsables de la crisis, y que la misma no entorpece las labores del investigador nombrado por la Junta.

Además, mencionó, que el gobernador RicardoRosselló dijo públicamente que las finanzas gubernamentales de administraciones pasadas constituyen una pirámide fraudulenta (“Ponzi scheme”), que el Juez Federal Juan Torruella solicitó recientemente un gran jurado federal para adjudicar responsabilidad por la crisis de Puerto Rico y que el propio Congreso ha señalado preocupación por no haberse determinado las causas de la misma.

Desde el 2017, el Tribunal de Titulo III tiene pendiente esta petición del comité bajo la Regla 2004 del código de quiebra, que permite a una parte interesada solicitar información financiera de cualquier parte y hasta entrar en expediciones de pesca (fishing expeditions).

Por su parte, la Junta y el gobierno alegan que autorizar el requerimiento de prueba que solicita el comité perjudicaría la investigación de la Junta, que la información es parcialmente privilegiada y que los documentos han estado disponibles al comité.

La magistrada Judith Dein, que tiene jurisdicción en el asunto, decidió posponer la controversia para una vista a efectuarse en Boston y ordenó al gobierno a radicar un informe.

El comité que reclama información ha llevado una batalla campal contra la negativa de la Junta y el gobierno para suplir la información. Es tiempo que se descubra si ocurrieron ilegalidades, determinar quiénes son los responsables y que se pongan todas las cartas sobre la mesa.


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