Iris Rosario

Tribuna Invitada

Por Iris Rosario
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Los más vulnerables están tras las rejas

Inmediatamente después del azote del Huracán María por Puerto Rico, todos y todas descubrimos cuán vulnerables somos. Las filas para comprar alimentos, agua y hielo eran interminables. Ni hablar de las filas para echar gasolina. Sin embargo, conforme fueron transcurriendo los días, la realidad de la existencia de un país extremadamente estratificado socioeconómicamente se sintió como el golpe de otro fenómeno atmosférico.

Un grupo muy privilegiado de gente podía escaparse de la catástrofe en un vuelo chárter. Otros y otras, huían en vuelos comerciales. En otro renglón figuraron los y las que podían adquirir un generador eléctrico para atenuar sus penurias. Estaban y están también los y las que han tenido que soportar el sufrimiento de vivir sin agua, luz ni techo. Finalmente, entre los más vulnerables, hay un conjunto importante de hombres y mujeres que ni siquiera pueden sopesar la idea de permanecer en su país o viajar por voluntad propia a otros destinos debido a su obligada restricción de movimiento: los confinados y confinadas del sistema carcelario del país.

La población carcelaria, evidentemente, se encuentra privada de su libertad de movimiento y por tanto, está sujeta a lo que decidan las autoridades corresponde con su bienestar. Es decir, ellos y ellas, contrario a la población del Puerto Rico libre, no tienen la posibilidad de decidir si hierven el agua, si racionan la cisterna, si compran repelente o mosquiteros para protegerse de los insectos o si acuden a un hospital para tratar cualquier enfermedad causada por el consumo de agua contaminada. En estas circunstancias, todo depende de lo que decidan los funcionarios y funcionarias del Departamento de Corrección. Por lo anterior, la salud física y mental de los confinados y confinadas es responsabilidad enteramente de la Agencia ya referida.

En ese sentido, el Departamento de Corrección está en la obligación de proveer a su población de agua potable, al menos de un galón diario por persona, repelentes de mosquitos, mosquiteros y cualquier otro artículo que les ayude a prevenir el contagio de enfermedades. De igual forma, las autoridades, entonces deben permitir uniformemente en todas las instituciones que los familiares y amigos provean solidariamente a sus seres queridos de cualquier bien que resulte ser necesario para una adecuada supervivencia. Adviértase, además, que, tal y cual ocurre con la infraestructura del Puerto Rico libre, las instituciones carcelarias de nuestro país se han (mal) construido de tal forma, que el aire acondicionado resulta ser indispensable para la cohabitación de seres humanos en las mismas. Más aún, cuando las cárceles se encuentran ubicadas en pueblos tan calientes y húmedos como Aguadilla y Guayama.  

En un recorrido que hemos realizado por las instituciones de Guayama, Salinas, Bayamón y Aguadilla hemos encontrado: que no siempre los confinados y confinadas consumen la cantidad de agua necesaria; que éstos y éstas desconocen si dicho líquido es apto para consumo humano; que, en ocasiones, han tenido que soportar los hedores de un inodoro sin vaciar que se encuentra al lado de su cama; que no pueden ver a sus familiares más que por 15 minutos; y que solo se les permite a sus familiares y amigos proveerles, entre tres o cinco artículos para su consumo.

El llamado, por tanto, es a reconocer que nuestro Puerto Rico no solo está compuesto por la gente que tiene la libertad de movimiento para luchar incansablemente por sobrevivir a los estragos que ha causado María, sino que también está compuesto por los hermanos y hermanas que se encuentran detrás de los barrotes y que sufren con mayor angustia los efectos de este terrible suceso. El llamado, como consecuencia, es a no olvidarlos y olvidarlas y a exigir de las autoridades que se tomen las medidas pertinentes para que el encierro de estos y estas no sea, bajo ninguna circunstancia, un castigo inhumano, degradante y violatorio de la Constitución.

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