Hiram Sánchez Martínez

Punto de vista

Por Hiram Sánchez Martínez
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Los méritos de una grabación

De no ser porque se le ocurrió grabar la conversación que tuvo con su jefe, un legislador relativamente nuevo pero con viejas mañas en el servicio público, a lo mejor nadie le habría creído. Probablemente grabó la llamada porque el asunto era demasiado serio y sabía que eso le había costado su empleo, que era el modo de ella ganarse sus habichuelas. Y todo por una tontería, dirán algunos, pero que de tontería no tenía nada. Porque exigirle en horas laborables a un empleado público, como condición para retener su empleo, que venda boletos de una rifa para el beneficio de un candidato o campaña partidista, no solo es delito grave, sino una conducta depravada, que merece todo nuestro desdén. Hoy día ningún legislador puede alegar seriamente que desconoce que tal proceder es reprochable e ilegal.

Sin embargo, vemos cómo se ha insertado en la opinión pública la preocupación de si la grabación de una conversación telefónica entre un ciudadano y un funcionario del Poder Legislativo —que demuestra la comisión de un delito grave (al menos extorsión e infracción a la Ley de Ética Gubernamental)—, pesa más que la prohibición legal de grabarla. Y es que la Constitución de Puerto Rico dispone que: “No se interceptará la comunicación telefónica” (Art. II, sec. 10), y el Código Penal (art. 169) añade que será delito menos grave el que una persona que participe en una conversación privada personal la grabe por cualquier medio.

El espacio es muy reducido para discutir este tema, pero aun a riesgo de parecer simple diré que el asunto no lo es. La antes citada prohibición constitucional es oponible no solo frente al gobierno, sino también entre ciudadanos individuales, pues es una manifestación del derecho a la privacidad. En un caso de 1983, nuestro Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de interpretar esa cláusula y decidió que no es suficiente con que uno de los participantes de la conversación dé su anuencia a que esta se grabe (PRTC v. Martínez). En ese entonces, no era posible —alegaba la Telefónica— conocer el número de origen de las llamadas de acecho que recibía la cliente, si no se escuchaba el contenido de la grabación. Hoy día la tecnología ha avanzado tanto que ha desaparecido la necesidad de oír lo que se habla, pero no la norma un tanto desfasada con nuestra necesidad comunitaria de contar con mejores herramientas para la investigación criminal.

En la jurisdicción federal la norma es más racional, pues en ella es suficiente con que alguno de los participantes en la conversación dé su consentimiento. Curiosamente ese era el estado de derecho que existía al momento de adoptarse en nuestra Constitución la cláusula contra la interceptación de llamadas telefónicas. Pero nuestro Tribunal Supremo pensó que había que reconocerle derechos más amplios a quienes hablen por teléfono en Puerto Rico.

Sin embargo, las cosas han cambiado, y ya los usos de la comunicación telefónica no son para enterarnos de cómo está la familia ni para resolver asuntos lícitos sin tener que viajar a distancia ni escribir cartas. Ahora los teléfonos son también elementos imprescindibles para el contrabando y la comisión de todo tipo de fechorías.

Quizás ha llegado la hora de que el Tribunal Supremo revisite este asunto para que decida si debe establecer una norma que sopese mejor los intereses involucrados en el ejercicio del derecho a la intimidad. No debería penalizarse a nadie que quiera grabar una conversación en la que sea participante y que, además, se determine que en esta conversación se habla de un delito cometido, cometiéndose o por cometerse. Particularmente si la grabación la hace y revela un “whistleblower” (persona que delata una situación irregular o delictiva). Si el participante-delator es agente del orden público, entonces los tribunales deberán velar por que no se abuse de este reconocimiento para la persecución por razones ideológicas. Para algo nos debe servir la historia.


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