Gustavo Vélez

Tribuna Invitada

Por Gustavo Vélez
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Los muertos no pagan deudas

Las últimas dos semanas no han sido buenas para Puerto Rico.  El proceso de reestructuración de la deuda ha tomado un giro desordenado y algo caótico.  Para complicar el panorama, la semana pasada salió información de la existencia de $1,190 millones de efectivo, que contradice el discurso oficial de la pasada y la presente administración, en torno a la posición de liquidez del Gobierno. 

Si la posición de liquidez del Gobierno no es tan grave, pues entonces levanta más sospechas las razones reales para enviar parte de la deuda al proceso de quiebra bajo el Título III de PROMESA y las continuas amenazas de recortar la jornada de los empleados gubernamentales.

Paralelo a estos eventos, acreedores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) intentaban llegar a la proporción de 50% de apoyo de bonistas para viabilizar un acuerdo de reestructuración bajo el Título VI de PROMESA (reestructuración voluntaria). Este acuerdo, aún con sus limitaciones, es la ruta más sensata para minimizar el golpe a miles de acreedores locales, incluyendo el sistema cooperativista de ahorro y crédito. Las cooperativas tienen una exposición agregada de $500 millones a esta deuda del BGF.

En adición a este proceso, se está lidiando con un acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que viene desde el 2014 y que implicaría aumentos en tarifa para pagar la deuda de la insolvente utilidad pública. En el caso de la AEE, estos acreedores compraron los bonos a descuentos de hasta 70% (entre 30 y 40 centavos por dólar del valor par), y el acuerdo con el Gobierno es pagarles a 85 centavos por dólar.

Este acuerdo, se fundamenta en una estructura de titularización, que recaerá en las espaldas de los consumidores de la AEE.  En otras palabras, familias, comerciantes e industriales, todos, parte de una atribulada economía, estaremos pagando por mucho tiempo un mal acuerdo para la AEE y el País.

La obsesión de cobrarle a un muerto. El común denominador de todo lo anteriormente descrito, es que todo el enfoque del actual proceso continúa orientado a cobrarle a un País al borde de la muerte productiva.  Si la economía colapsa por la ausencia de un programa de reactivación productiva, nadie cobrará un centavo.  Al final del camino, nadie ha internalizado que los muertos no pagan sus deudas.

Mientras la fila para cobrar aumenta, la economía agoniza. Los indicadores mensuales evidencian una economía con profundas contracciones, que se agravarán cuando entre en vigor los recortes presupuestarios. Hace un poco más de una semana, dos colegas economistas (Juan Lara y Joaquín Villamil) plantearon lo que también he estado advirtiendo, las proyecciones de decrecimiento para el año fiscal 2017-18, pudieran estar en el rango de -4% a -6%.  De materializarse este escenario, se perderán muchos empleos, caerán los recaudos fiscales, y posiblemente habrá mucha más emigración, y se solidificará la “espiral de la muerte” (death spiral) que inició en el 2006. 

Claramente, en la medida en que nos arrinconamos nuevamente en una discusión exclusiva sobre la deuda y exigencias de pago por parte de los acreedores, de manera hostil, nos convertimos en verdugos de nuestra propia muerte como economía y sociedad. Tampoco ayuda al proceso la poca transparencia y el doble discurso de que no hay dinero, pero se siguen otorgando contratos a los “amigos de la casa” y el esfuerzo se enfoca hacia el tema del status, cuando el socio del norte expresa su rechazo a admitir como estado una jurisdicción en quiebra.

Recomendaciones para salirnos de la actual encerrona:

1.         Revisar y ajustar el Plan Fiscal Certificado y el Presupuesto para buscar un mejor equilibrio entre los intereses del Gobierno, los acreedores y las necesidades de capital de la economía. 

2.         El Gobierno debe hacer pública toda la información financiera que permita tener mejor precisión de la realidad fiscal para poder tomar decisiones certeras y correctas dentro del actual proceso.

3.         Se debe procurar un arreglo rápido con los acreedores de la deuda constitucional, la cual Puerto Rico siempre había honrado y que existen los recursos para pagarla. Cumplir con esa deuda, ayudaría a abrir los mercados de capital, necesario para financiar proyectos de infraestructura.  Esto ayudaría a mejorar la imagen del Gobierno en la comunidad financiera.

4.         Incorporar mecanismos que permitan repagar la deuda en términos razonables para la economía y que proteja los intereses de los acreedores, particularmente los que residen en la Isla. Hay diversos modelos legales que permitirían atender las diversas necesidades de los diferentes grupos de acreedores.

5.         Crear un programa de inversión de infraestructura y proyectos estratégicos que puede ser financiado con los ahorros de la reestructuración de la deuda de las utilidades públicas y socios de capital privado.

6.         La Junta de Supervisión Fiscal, los acreedores, el gobierno y el sector empresarial deberían delinear una alianza que permita ir al Congreso a reclamar alguna herramienta de desarrollo económico, que sea políticamente y fiscalmente neutral para el Departamento del Tesoro Federal.

El tiempo se acaba y es hora de comenzar a pensar en ideas innovadoras, si en efecto queremos evitar asistir de forma colectiva a nuestro propio entierro.

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