Carlos Morell

Punto de vista

Por Carlos Morell
💬 0

Los opositores a la retroactividad

La discusión en torno a si el derecho fundamental a un veredicto unánime, reconocido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) en el ya trillado caso de Ramos v. Louisiana, debe ser aplicado por vía legislativa a casos que son finales y que no estaban en proceso de apelación al momento de la decisión judicial, ha traído férreas oposiciones a los proyectos de ley que proponen reconocer la llamada retroactividad de dicha norma. Si bien cualquier medida legislativa que provoca un choque de intereses legítimos de los ciudadanos va a traer voces en contra, resulta importante diferenciar quiénes atienden el tema de manera fundamentada y quiénes no. 

Por un lado, la oposición a la retroactividad en esta materia incluye a personas que resaltan que se debe esperar a que el mismo foro que estableció el requisito de unanimidad para los estados y territorios decida si procede su aplicación retroactiva. Como parte de sus argumentos, estas figuras plantean que la Asamblea Legislativa pudo haber actuado desde hace tiempo en torno al tema, pero se mantuvo inmóvil a pesar de que Puerto Rico era una de las pocas jurisdicciones estatales en tener establecida la normativa de veredictos mayoritarios. De hecho, aparte de Puerto Rico, Oregón también permitía veredictos no unánimes al momento de la decisión del TSEU, aunque en dicha jurisdicción sí se requería unanimidad en los delitos de asesinato en primer grado. La oposición a la retroactividad incluye también víctimas de delito y familiares de estas, que por razones más que comprensibles, no ven con buenos ojos la posibilidad de tener que volver a pasar por un proceso judicial para el esclarecimiento de los crímenes que les afectaron. 

Sin embargo, tales opositores a la retroactividad que hacen planteamientos genuinos y serios no deben ser confundidos con quienes intencionalmente desinforman sobre este tema y utilizan la demagogia como estrategia para defender su posición. Este último grupo de personas no son ni genuinos ni serios con el tema. Todo lo contrario, utilizan de subterfugio el dolor de las víctimas, cuando en realidad nunca han estado -ni estarán- a favor del reconocimiento de los derechos del acusado. Se trata de un grupo que entiende que la criminalidad y el poco esclarecimiento de delitos no se debe al fracaso gubernamental de mantener un país seguro, sino que es resultado de que los ciudadanos tenemos derechos que nos protegen contra el Estado.

No cabe duda de que este segundo grupo de opositores también hubiese estado en contra si la Asamblea Legislativa actuaba previo al caso de Ramos v. Louisiana. De hecho, el Departamento de Justicia de Puerto Rico se unió a varios estados como amigo de la corte para oponerse a que el TSEU reconociera el discutido derecho fundamental en Ramos. Ante todo, quien tiene el peso de la prueba de probar que se cometió un delito sin duda tenía un camino más fácil para privar a un ser humano de su libertad, cuando ese camino incluía lograr rebatir la presunción de inocencia con hasta tres miembros de un jurado teniendo duda razonable sobre la culpabilidad.  

En fin, el problema para estas figuras, que incluyen analistas de radio y televisión, no es que se aplique de manera retroactiva un derecho fundamental a un bajo porcentaje de casos que se celebraron ante jurado en Puerto Rico. El verdadero reparo que tienen estas figuras es que el Estado, con todo y su gran poder de investigación, tenga que trabajar respetando unos límites constitucionales que nos protegen a todos. Es por eso que algunos se “escudan” tras el manto de “respetar el estado de derecho” si algo es impuesto desde Washington, D.C., pero se niegan a discutir el tema de la retroactividad de una manera seria. 

Si al final la Legislatura decide no acoger la retroactividad -que entre otras cosas subsanaría la contradicción de que un derecho fundamental pueda ser ejercido porque un ciudadano tuvo un proceso apelativo sumamente prolongado-, lo correcto es que la decisión sea el resultado de un análisis ponderado de los intereses que verdaderamente chocan con la iniciativa legislativa, y no porque triunfaron la desinformación y la demagogia. 

💬Ver 0 comentarios