Ariel O. Caro Pérez

Punto de vista

Por Ariel O. Caro Pérez
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Los pacientes y el acceso a la justicia

Uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática es que las personas puedan acudir a los tribunales a reclamar sus derechos. Los tribunales existen para resolver las disputas entre las partes. Ello es así, pues una rama judicial independiente representa un freno a los excesos de poder y a las actuaciones arbitrarias del gobierno y de las personas o instituciones privadas. 

¿Qué es la inmunidad? Se ha definido como la ausencia de responsabilidad civil o penal, aunque se haya violado una ley. Eso quiere decir que la persona no habrá de responder ante los tribunales. En los procesos civiles representa un muro de contención para que las víctimas logren acceso a la justicia. Los perjudicados por esas actuaciones ilegales no podrán buscar amparo en los tribunales porque el que les causó el daño o perjuicio no habrá de responder. 

Esta norma tiene su origen en los gobiernos monárquicos en los cuales el rey no era sujeto de responsabilidad, porque gozaba de poderes absolutistas. Se decía que el monarca “no hacía nada mal”. Con el establecimiento de los estados democráticos la inmunidad fue limitándose y se permitió que los ciudadanos demandaran al gobierno para reclamar sus derechos. 

Nuestra Constitución dispone que las personas tienen derecho a solicitar la reparación de agravios en los tribunales o, dicho de otro modo, a que se les concedan remedios cuando son víctimas de algún daño o perjuicio. 

La gobernadora de Puerto Rico promulgó una orden ejecutiva en la que le concedió inmunidad a las instituciones hospitalarias, médicos y otros profesionales de la salud ante reclamaciones de impericia médica durante el periodo de emergencia decretado por la pandemia del COVID-19. Conforme a ese decreto, ningún paciente que haya sufrido daños por las actuaciones negligentes en su tratamiento médico puede acudir a los tribunales a pedir resarcimiento. Las puertas de las cortes están cerradas para los pacientes.

No se cuestiona que los médicos y demás componentes del sistema de salud merecen el más amplio apoyo y admiración por su encomiable labor en esta pandemia. Sacrifican hasta su vida por el bienestar de sus pacientes. Tampoco se cuestiona la autoridad de la gobernadora de promulgar medidas de emergencia para atender la crisis actual. Sin embargo, ese poder no llega tan lejos.

El Tribunal Supremo ha determinado que existe una fuerte política pública de que los pacientes tengan acceso a los tribunales y que sea en ese foro donde se dilucide si fueron víctimas de impericia médica. También ha resuelto que los pacientes tienen un derecho constitucional a consentir o rechazar un tratamiento médico. Esos importantes derechos no pueden ser derogados mediante un plumazo o “decreto pretoriano” aun en tiempos de crisis. Corresponde al proceso legislativo estudiar sosegadamente el asunto, analizando los intereses envueltos y garantizando que no se menoscaben derechos.

La orden ejecutiva además es excesivamente amplia, pues la inmunidad aplica a todo tratamiento, aunque no esté asociado al coronavirus. Eso no es justificable, máxime cuando las autoridades han reconocido que los hospitales están desocupados y no existe una crisis en el manejo de pacientes como en otros países.

En vez de limitar derechos y crear trabas al acceso de la justicia, los esfuerzos debieron dirigirse a que los médicos y hospitales recibieran los pagos puntuales de las aseguradoras, así como equipos y asistencia adecuada en su encomiable labor.  

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