José B. Márquez

Punto de Vista

Por José B. Márquez
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Los pañuelos de la información pública en Puerto Rico

Se me ocurre que el acceso a la información pública en Puerto Rico se parece a ese juego tradicional conocido como “pañuelito”. Muchos lo jugamos de niños: dos equipos alineados paralelamente envían a uno de sus miembros al área de juego, donde se encuentra el pañuelo. El objetivo es intentar regresar a la línea de tu equipo con el pañuelo en mano sin que el miembro del otro equipo te toque la espalda.

Desde 1982, cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) reconoció un derecho constitucional de acceso a información, hemos visto reiteradamente el “juego” por ese acceso entre dos equipos: el gobierno y la ciudadanía (esta última usualmente representada por la prensa). 

Como cuando en el juego se grita “bonche” y cualquiera puede ir a tomar el pañuelo, hasta hace poco no había normas puntuales sobre qué era información pública, dónde y cuándo se podía solicitar su acceso y cuáles eran sus excepciones. Por ello, tenía el árbitro (los tribunales) que determinar caso a caso si los pañuelos de nuestra información pública se mantenían en manos del “equipo” gubernamental o pasaban al “equipo” ciudadano. 

Ahora bien, desde el mes pasado tenemos un nuevo y controversial marco legal que intenta reglamentar el juego, compuesto principalmente de dos leyes (Ley de Datos Abiertos y Ley de Transparencia). ¿Cuáles son las nuevas reglas?

Pañuelos abiertos. La Ley de Datos Abiertos establece que hay unos pañuelos que de ordinario no van a ser objeto de juego porque el equipo gubernamental tiene que hacerlos disponibles al equipo ciudadano de forma proactiva y continua. Ello quiere decir que el gobierno tiene el deber de publicar en plataformas electrónicas una serie de datos como: presupuestos, contrataciones, licitaciones y actas de subastas, gastos de representación, retribuciones de personal, gastos de viajes, auditorías, entre otros.

Ventaja ciudadana. En cuanto al resto de la información pública que no tiene que divulgarse proactivamente, la Ley de Transparencia establece los términos y procesos para ir al área de juego a buscar los pañuelos. Entre otras cosas, la ley dispone la forma en que el equipo ciudadano debe hacer la solicitud de información; la forma y término que tiene el gobierno para responder; y la forma y término que a su vez tiene el árbitro para responder cuando los equipos no se ponen de acuerdo. 

De ocurrir esos choques entre gobierno y ciudadanía, la ley dispone además que debe prevalecer “la interpretación más beneficiosa para la persona solicitante de información pública”. Es decir, que en teoría el juego empieza con el equipo gubernamental supuesto a entregar los pañuelos que el equipo ciudadano solicite, lo que genera cierta ventaja ciudadana. No obstante, el equipo gubernamental tiene también algunas fichas de juego para mitigar esa ventaja.

Refuerzos gubernamentales. Tras definir lo que significa “datos públicos”, la Ley de Datos Abiertos establece una serie de excepciones a la divulgación de dichos datos. Algunas de estas ya habían sido establecidas por la jurisprudencia del TSPR, pero otras se acaban de incorporar al derecho de información en Puerto Rico utilizando como referencia el Freedom of Information Act federal. 

Según el tipo de información que la ciudadanía reclame, el equipo gubernamental podrá jugar con excepciones que no eran parte de nuestro derecho de información (como comunicaciones “internas” o asuntos de “personal”), según lo había interpretado el TSPR. Esto ha suscitado algunas críticas ya que, como ocurre en algunos deportes, el uso de refuerzos importados incide sobre la dinámica e idiosincrasia local.

Nuevo juego. En medio de una revuelta en el verano el corillo acabó botando a su “líder”, quien antes de irse del parque dejó por escrito las reglas bajo las cuales se jugaría pañuelito. Esta semana confirmamos que el nuevo juego de acceso a información ya empezó, pues supimos por una nota de este medio que la Cámara de Representantes le denegó a una periodista acceso a unas facturas, utilizando como base la Ley de Datos Abiertos. 

Aunque por años se había reconocido la necesidad de reglamentar el juego, está por verse el balance de virtudes y defectos del nuevo marco legal pues, como diría Mario Vargas Llosa, “del derecho al hecho hay mucho trecho”.

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