Jorge Farinacci Fernós

Punto de vista

Por Jorge Farinacci Fernós
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Los poderes de emergencia de la Legislatura

Puerto Rico está afrontando una grave emergencia. Hasta ahora, la respuesta del gobierno se ha caracterizado por su incompetencia y timidez. Vemos muchas sugerencias y poca acción. Tal parecería que existen las herramientas para lidiar con esta crisis.

Sin duda, la combinación de décadas de austeridad, desmantelamiento de las instituciones públicas, subordinación colonial y corrupción ha erosionado la habilidad del gobierno de actuar en estos momentos. A esto le podemos añadir un énfasis neoliberal en la salvación individual, lo que nos ha privado de nuestra capacidad de afrontar retos sociales de forma colectiva y organizada. Si algo ha demostrado esta crisis actual es que la salvación es colectiva. Basta ya del “sálvese quien pueda”.

Lo cierto es que el gobierno sí cuenta con poderes sustanciales que puede, y debe, usar para atender esta terrible crisis que enfrentamos. No podemos depender de un gobierno federal que nos ignora o de una empresa privada que solo piensa en sus ganancias. Cruzar los dedos no es una estrategia.

La Sección 19 de la Constitución de Puerto Rico otorga a la Asamblea Legislativa amplios poderes para aprobar medidas “en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo”. Durante los debates de la Convención Constituyente, los delegados expresaron claramente que la Legislatura tiene un poder inherente para enfrentar emergencias nacionales en favor del pueblo. Es hora de que nuestros legisladores hagan su trabajo y usen los poderes que les otorgó la Constitución para salvaguardar nuestro bienestar colectivo.

Entre los poderes inherentes de la Legislatura está la facultad para aprobar leyes, por ejemplo, para suspender temporeramente los pagos hipotecarios y de otras deudas personales, prohibir los desahucios, otorgar licencias especiales para la clase trabajadora que garanticen su salud y seguridad, y les permitan permanecer en sus casas sin perder sus sueldos o empleos, entre otros. Ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que este tipo de medida es constitucional. No hay excusas para dejar de actuar.

Nadie debe irse a la quiebra por cuidar su salud o salvar su vida. Nadie debe preocuparse por perder su trabajo o su techo. Necesitamos un gobierno que use sus poderes por el bien de la gente.

Una vez superemos esta crisis, corresponde tener una conversación como pueblo, incluyendo la necesidad de abandonar la austeridad, fortalecer nuestro sistema de salud pública y descartar un sistema que pone la ganancia de pocos por encima del bienestar de los demás.

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