Antonio Quiñones Calderón

Tribuna Invitada

Por Antonio Quiñones Calderón
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Los populares salieron trasquilaos

Me parece que, producto de su alucinación con el “ELA desarrollado, perfeccionado o culminado”, los actuales fiduciarios de la treta de 1952 han perdido el punto que contiene la carta del Departamento de Justicia de la administración Trump. En mi pueblo lo resumirían con un viejo adagio que dice: “fueron por lana y salieron trasquilados”.

Primero, la carta del subsecretario interno de Justicia federal, Mr. Boente, acaba con la ilusión del “desarrollo”, “perfección” o “culminación” del ELA. Que es igual a acabar con el ELA, del que decía su propio gestor Luis Muñoz Marín en su mensaje de 1953, que “se muere si no crece”.

En este punto, vale una rectificación histórica: el tal Estado Libre Asociado no existe, es decir, el proceso constitucional de 1951-52 no fue uno de cambio de estatus. Lo que ocurrió entonces fue, llana y sencillamente, que el Congreso de Estados Unidos autorizó a los ciudadanos estadounidenses residentes en el territorio de Puerto Rico a redactar su constitución de gobierno local, sin tocar –como no se tocaron– los artículos políticos y fiscales de la ley Jones que se derogaba, los cuales permanecieron intactos y pasaron a conocerse como “Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico”.

Segundo, el mensaje de la carta al liderato popular más retrógrado de la colectividad es claro: “abrácense al territorio, esto es, a la colonia, y defiéndalo en el plebiscito”. ¡No pueden hacer más! De manera que, perdiendo el punto, los amantes del colonialismo y del inmovilismo en materia de avances políticos para el territorio de Puerto Rico, insisten en que la comunicación del tal Mr. Boente fue un golpe al plebiscito del 11 de junio y a la estadidad. No; el golpe –y muy demoledor– fue a las posibilidades del desarrollo del estatus territorial y colonial subsistente, que es hoy igual al de 1900 con la Foraker y al de 1917 de la ley Jones, prevaleciente con otro nombre.

Tercero, el texto de la comunicación constituye una incongruencia con las contundentes descripciones oficiales del régimen colonial actual, afirmadas en 2015 por las tres ramas del gobierno federal –el Congreso, con la aprobación de la ley Promesa y la creación de la junta de control fiscal; el propio Departamento de Justicia y la Casa Blanca, certificando la definición del llamado ELA como mero territorio y reafirmando los poderes plenarios del Congreso sobre Puerto Rico, y el Judicial, con el caso Sánchez Valle, destruyendo el mito de los poderes duales de Puerto Rico bajo el llamado ELA.

Desde luego que la carta es, además de la incongruencia señalada, una absoluta afirmación colonial y un ucase inmoral de la administración Trump, firmada por un funcionario de tercera categoría (un subsecretario interino de Justicia), el exigir que, después de certificar oficialmente la existencia en Puerto Rico de un régimen territorial, obliguen la inclusión de ese mismo régimen como opción contra la colonia en la papeleta plebiscitaria del 11 de junio.

Los adeptos al coloniaje popular, sin embargo, tienen motivos para respirar aliviados: descartada la obsesión con el “mejoramiento”, la “perfección” o la “culminación” del ELA, ya no tendrán que preocuparse por la designación, cada dos o tres años, de más “comités de estatus”, como vienen nombrando año tras año, para agarrarse de alguna nueva definición (¿la número 20, la 30, la 40?), que nunca encuentran, de su Estado Libre Asociado.

Por lo demás, el gobernador Rosselló ni los líderes legislativos tienen que sentirse cómplices de la obsesión colonial al tener que insertar en la papeleta el actual Ela territorial. Hay ocasiones en que bien vale sacrificar algo si con ello se resuelve el problema mayor; en este caso, el del coloniaje.

La respuesta más vibrante y definitiva a la carta de Mr. Boente tiene que provenir, ahora con más fuerza y voluntad, de la mayoría abrumadora de los puertorriqueños: derrotar la colonia el día 11, o cuando sea –que será más temprano que tarde– y asegurar la única unión permanente de Puerto Rico con Estados Unidos: el ingreso de Puerto Rico como estado de la Unión federal.

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