Hernán Vera Rodríguez

Tribuna Invitada

Por Hernán Vera Rodríguez
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Los recortes a las pensiones

Los planes presentados por la Junta de Supervisión Fiscal para recortar de un 10 a 25 por ciento las pensiones de los jubilados del Gobierno de Puerto Rico es un capítulo que veíamos venir hace mucho tiempo.

La compleja situación económica y fiscal del país y las decisiones que se han tomado a través de diversas administraciones adelantaban este escenario. Aunque, según el Plan Fiscal para el 2019, las reformas no aplicarían a aquellos jubilados con pensiones menores de $1,000 mensuales, lo cierto es que afectarían a familias cuyo estatus económico los coloca muy cerca de la línea de la pobreza, más aún a aquellas con mayor cantidad de miembros en la unidad familiar.

De acuerdo con estimados del Negociado del Censo de los Estados Unidos para Puerto Rico, el 39 por ciento de las personas de 60 años o más que reside en la isla tiene salarios que lo colocan bajo el umbral de la pobreza.

La situación antes descrita se agrava porque la mayoría de los empleados públicos devengó salarios tan bajos durante sus años productivos que no le permitió acumular ahorros significativos al momento de la jubilación.

Igualmente, los jubilados son particularmente vulnerables a los aumentos en el costo de vida, porque sus salarios se “congelan” a partir de su retiro. A esto, se les añaden los aumentos proyectados en servicios esenciales como energía eléctrica, agua, medicamentos, entre otros.

Estos cambios pudieran provocar, además de la pauperización de un segmento de nuestros adultos mayores, disloques en nuestra economía.

Muchos quizás pospondrían la jubilación, lo cual disminuiría la disponibilidad de puestos de trabajo para los jóvenes, e incrementaría la necesidad de asistencia gubernamental. Asimismo, limitarían la adquisición de bienes de consumo, lo cual tendría efectos negativos en los recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).

En palabras claras, una medida que impacta tantos niveles de la economía, antes de implementarse, debe analizarse en el contexto de los efectos sociales y económicos que provocaría en Puerto Rico.

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